La cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto presentado por Marita Colombo (FCS) que prevé el desdoblamiento de competencias para que investigaciones menores relacionadas a estupefacientes y fármacos puedan esclarecerse en el ámbito de la Justicia ordinaria.

La iniciativa propicia la adhesión de la provincia a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la ley nacional 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la ley nacional 26.052. Además de otorgar facultades a la órbita provincial de la Justicia para la persecución del narcomenudeo, de ser aprobado el proyecto se crearían dos nuevas fiscalías de instrucción destinadas a tales fines, cuyas estructuras deberán ser determinadas por la Corte de Justicia y la Procuración General.

En su fundamentación, se explica que las nuevas facultades en los operadores de Justicia ordinarios para reprimir el menudeo contribuirá a “elevar la eficacia de la labor preventiva de los cuerpos policiales y la labor punitiva de la Justicia provincial, teniendo en cuenta que se podrán iniciar y concluir estas tareas con sanción o sobreseimiento”, cuando antes debían remitirse los autos al Juzgado Federal.

La miembro informante de la comisión, Mariela Buenader, manifestó en el recinto que la iniciativa pretende combatir el flagelo de las drogas en la sociedad y evitar la criminalización de los consumidores, a quienes el Estado debe garantizarles una recuperación y brindar tratamientos para reinsertarlos en la sociedad.

La diputada Colombo detalló los nueve tipos de delitos en los que tendrá competencia la Justicia provincial, que van desde la tenencia para uso personal, la comercialización y/o facilitación de estupefacientes a la falsificación de recetas médicas y la venta de medicinas de forma ilegal.
Esta adhesión ya se hizo efectiva en varias provincias con resultados dispares.


Beneficios y riesgos

A la hora de contraponer argumentos, la diputada Cecilia Guerrero indicó que la media sanción requería de un debate más extenso y profundo de la mano de representantes de las dos esferas de la Justicia.

Guerrero expuso que en 2013, cuando se realizó una ronda de consultas sobre esta cuestión, se invitó a representantes de la procuración general de la Corte y a la fiscal general de la provincia, Milagro Vega.“En ambos casos y en forma enfática se pronunciaron absolutamente en contra. En contacto con miembros del Ministerio Público Federal de la provincia, la posición era exactamente igual”,dijo.

La funcionara resaltó que existen estudios que comprueban que en las provincias donde se adhirió a esta ley “se ha dado un fenómeno de penetración de las redes de narcotráfico y contaminación de las fuerzas de seguridad locales”. Además, citó un informe del Procunar del año 2014, donde se expone que en Buenos Aires –pionera en la desfederalización- se incrementaron entre 2006 y 2008 las causas que penalizaron la tenencia para consumo personal en un 199 por ciento. Es decir que si bien aumentaron las cifras de causas juzgadas, existió una clara proliferación de persecuciones judiciales relativas al ultimísimo eslabón de la red criminal: el consumidor.

Finalmente, hizo hincapié en que las investigaciones complejas requieren iniciar por el narcomenudeo y que la cadena podría cortarse fácilmente si las dos órbitas judiciales no se vinculan de forma efectiva, lo que impediría desbaratar grandes redes.

“Si no se extiende el debate y se aborda la problemática de forma coordinada y sostenida, corremos el riesgo de caer en puro voluntarismo y esfuerzos aislados que sólo van a conducir a estigmatizar aún más al enfermo y dejar libres a los grandes delincuentes que lucran con la salud de nuestros niños, jóvenes y adultos”, concluyó.


El mejor concepto

Rolando Crook, diputado del FPV y expresidente del Colegio de Abogados, tomó la palabra luego y señaló: “No tengo el mejor concepto de la Corte de Justicia en lo que es conducción del poder Judicial […], tampoco tengo el mejor de los conceptos sobre la conducción del ministerio Público Federal, es algo que todos lo saben porque lo he dicho en los diarios”. Tras la aclaración, descartó que puedan existir conflictos o superposiciones entre ambas justicias, señalando que no será un problema insoluble para quienes están capacitados para lidiar con tales cuestiones.

Las declinaciones de competencia “se han dado en todas las ramas del derecho”, dijo Crook, quien insistió en que la adhesión traería aparejada muchas más ventajas que desventajas. “Quienes mejor conocen el microtráfico, los rincones oscuros que lamentablemente tiene la ciudad, son los agentes que pertenecen a la jurisdicción provincial y no la federal, por lo que proveer de estas herramientas va a ser un salto cualitativo, por lo que voy a acompañar este proyecto”, finalizó.
Tras la media sanción, el proyecto será girado a la cámara de Senadores para su tratamiento. En caso de aprobarse, ya sería sancionado con fuerza de ley.

Qué dice la Justicia

Los agentes de justicia de las dos órbitas fueron consultados en anteriores ocasiones sobre esta adhesión y se manifestaron en contra. A los casos que citó la diputada Guerrero se suman los de los jueces federales Juan Carlos Reynaga y Adolfo Guzmán, quienes señalaron oportunamente que Catamarca es diferente a otras provincias.

Entre otras cuestiones, explicaron que la Justicia ordinaria ya tiene problemas para llevar adelante el caudal de causas existentes como para sumarle nuevos delitos.

http://m.elesquiu.com/noticias/2015/05/21/209802-avanza-el-proyecto-para-que-la-justicia-provincial-investigue-el-narcomenudeo