Durante la reunión la comisión dio a conocer la normativa que regula su funcionamiento, haciendo hincapié en el artículo 19, referido al “deber de colaboración”, que expresa que “Todos los poderes del Estado Provincial, autoridades, funcionarios y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de detención, que ingresen dentro de la órbita de competencia del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores, colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al mismo, para su pleno funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley. A estos efectos los organismos e instituciones harán conocer a sus funcionarios esta obligación”.

“La negativa u omisión a esta obligación podrá ser considerada por el Comité como una obstrucción al cumplimiento de sus obligaciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, el incumplimiento será incluido en el informe anual, independientemente de que se prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuada”.

Una vez concluida la reunión el fiscal Turraca explicó que también se habló de la importancia de la intervención de los delegados penitenciarios y de su colaboración en situaciones que pudieren ser de competencia del comité.

Lucas resaltó la labor de estos funcionarios y luego recibió una carpeta con la normativa, en la que destacó la relevancia del artículo 19, a la vez que adelantó que transmitiría en el próximo acuerdo del Alto Cuerpo la convocatoria del comité.

Fuente: http://www.diariochaco.com/noticia.php?numero=147335