En una decisión inédita, la fiscal Dolores Romero Díaz imputó al comisario Pablo Márquez por los delitos de coacción y abuso de autoridad reiterado.

La imputación fue decidida hoy luego de que tres policías denunciaran a Márquez por supuestamente darles órdenes de realizar detenciones arbitrarias con el objetivo de elevar las estadísticas policiales, independientemente de que los aprehendidos hubieran cometido o no contravenciones o delitos.

Los oficiales a cargo de Márquez habrían recibido directivas «de producir detenciones a fin de elevar las estadísticas, existan o no razones para proceder», «sobre la base de procedimientos no ajustados a la ley y por tanto ilegales que afectan y vulneran gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos», se lee en una de las denuncias.

Al momento de las denuncias, Márquez se desempeñaba como jefe de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) VIII (ver Una policía denuncia detenciones ilegales 12/11/2011).

Cuestionamientos. El Código de Faltas -que habilita a los policías a realizar detenciones cuando las personas cometen diferentes contravenciones- es criticado por diferentes organizaciones sociales porque, aseguran, permite detener a personas de manera arbitraria, con figuras como el «merodeo».

En noviembre del año pasado, cuando este diario dio a conocer las denuncias contra Márquez, el Colegio de Abogados manifestó que la figura del merodeo «es cuanto menos vaga y ambigua, lo cual viola gravemente la obligación de todo Estado de derecho consistente en describir con la máxima taxatividad y precisión empírica posible las formulaciones legales»

Por su parte, desde el Gobierno se asegura que es una herramienta para detener de manera rápida a quienes cometen contravenciones y delitos, y así luchar contra la inseguridad.

Los delitos. La coacción está reprimida (en el artículo 149 bis del Código Penal) con penas de dos a cuatro años de prisión y la comete quien «hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad».

«Hubo amenaza de muerte contra la oficial que lo denunció», aseguró Carlos Nayi, abogado de una de las denunciantes.

A su vez, el abuso de autoridad, penado con prisión de un mes a dos años, lo comete el funcionario público «que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constituciones o leyes nacionales o provinciales», según el artículo 248 del Código Penal.

«Es reiterada porque son varios hechos, impartió varias veces la misma directiva de realizar detenciones arbitrarias. Además, castigaba con recarga horaria a quien no lo hacía. Así dicen los testigos», agregó el letrado.

Además, dijo que a medida que avance la investigación podría haber nuevas imputaciones de delitos más graves como privación ilegítima de libertad e instigación a cometer delitos.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/imputan-comisario-ordenar-detenciones-para-mejorar-estadisticas