La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se dirige al decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al consejo Directivo que preside, para plantear su preocupación ante el intento de los represoresinvolucrados en la ejecución del genocidio sufrido por el pueblo argentino entre 1974 y 1983, de introducirseal sistema educativo de la universidad pública en contextos de encierro. Esta preocupación se extiende a lasituación de docentes y estudiantes en el Programa UBAXXII, debido al hostigamiento sistemático quesufren por parte de estos detenidos condenados y/o procesados en diversas causas por delitos de lesahumanidad. Valoramos el Programa UBAXXII desde el momento de su constitución y por eso convocamos areflexionar y producir una postura colectiva respecto de esta situación.Basados en nuestra experiencia como querellantes en los juicios llevados adelante en todo el país,hemos argumentado respecto de la impunidad que se perpetúa si los genocidas condenados son beneficiadospor criterios de una supuesta “normalidad procesal”, inadmisible en el caso de los delitos por los que fueroncondenados. Tampoco se trata de ciudadanos acusados de delitos que todavía no han sido fehacientementedemostrados y por ello merecedores de la presunción de inocencia, sino de genocidas que han sido protegidospor el Estado durante el periodo que va de junio de 1974 hasta finales de 1983; que fueron “rescatados” de losprocesos judiciales por acción del Poder Legislativo (leyes de punto final, de obediencia debida y del olvido,primero e indultos luego), a instancias del Poder Ejecutivo y con la convalidación posterior del Poder Judicialen los años 1987 y 1991; situación de impunidad absoluta que gozaron hasta principios del nuevo siglo en quese fue perforando la negativa judicial a juzgarlos hasta que primero el Congreso y luego la Corte Supremaanularan las leyes de impunidad y se abriera esta nueva etapa de lucha en la que estos ciudadanos fueronindagados, procesados, detenidos y algunos condenados sin que en ningún momento demostraran que el largoperiodo de “libertad graciosa” otorgada por el Estado, en la que pudieron estudiar, leer, interactuar conquienes quisieran, viajar y comerciar, implicara el mínimo cambio en su percepción del daño cometido a lasvictimas individuales y a la sociedad en su conjunto. De hecho, se han negado a entregar la información quetienen sobre las personas detenidas desaparecidas, conducta que los constituye en sujetos de un delitocontinuo, el de la desaparición forzada, la “muerte argentina”, como se conoce esta tecnología de dominaciónsocial en el mundo, que ha originado tratados y convenciones internacionales de prevención y castigo.Más aún, los represores procesados y condenados han demostrado compromiso con la planificacióndel genocidio y han sostenido en sus declaraciones en sede judicial que repetirían los actos de secuestro,tortura, apropiación de menores y desaparición. Si el beneficio de la libertad domiciliaria y de estudiar en lacárcel, refiere de un modo directo y principal al objetivo de facilitar las condiciones de reinserción social delas personas que han delinquido, los genocidas han gozado de más de treinta y cinco años para consumardicho proceso sin haberlo intentado siquiera. Sostenemos que sus apelaciones a la prisión domiciliaria y alacceso al sistema educativo universitario no persiguen un ánimo de superación intelectual para mejor entenderla sociedad o sumar herramientas para la interacción comunitaria, sino que es parte de una estrategia deimpunidad que bien podría llamarse la “impunidad de los condenados”.

Conocemos la experiencia del claustro docente de Letras de la Facultad de Humanidades y Cienciasde la UNL que repudió la decisión del Tribunal Oral de Santa Fe de intentar autorizar al represor EduardoRamos a estudiar la carrera a distancia desde un aula virtual en la cárcel de Las Flores. Citamos sus palabrascuando dijeron “no admitiremos como estudiante en nuestras aulas (presenciales o virtuales) a ningún represorque haya participado de dictadura alguna». Agregando «nos indignamos ante la posibilidad de que un exagente de Inteligencia con semejantes antecedentes sea integrado al ámbito universitario que fue su objetivocriminal, un ámbito en el que un gran número de estudiantes y profesores sufrimos en carne propia el horrorde la dictadura cívico militar del ’76». Fueron esos mismo profesores quienes convocaron a recordar que la «actividad docente universitaria implica la responsabilidad de formar a formadores con pensamiento crítico ycompromiso «con la democracia de nuestro país». Consideraron una «trágica ironía» que un criminal de lesahumanidad «viva como estudiante en las aulas universitarias».

Por lo tanto, «como parte de esta humanidad lesionada, los profesores de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias nos sentimos ofendidos einjuriados en nuestra dignidad ante la posibilidad de vernos obligados a igualar a este criminal con miles deestudiantes que necesitan de la serenidad y de la libertad para comprender el conocimiento en sus justasdimensiones de práctica, de crítica y de compromiso activo con la democracia. De este modo, repudiamos lasdecisiones de esta supuesta justicia que vuelve a poner en las calles a quienes deben ser alejadosdefinitivamente de ellas por la índole abominable de sus ofensas».Nos consta que las universidades nacionales sufrieron de forma sistemática vigilancia, secuestros,tortura y desaparición. Gran número de docentes, no docentes y estudiantes fueron perseguidos, cesanteados,desaparecidos y asesinados.

En nuestra condición de querellantes de más de 14 Juicios Orales a genocidashemos exigido justicia por cada docente, cada no docente y cada estudiante que siguen desaparecidos. Fuimosparte de la investigación del informe Conadep donde se denuncia que el 35% de las personas desaparecidasentre 14 y 25 años, son estudiantes.Por nombrar sólo un caso, en el Juicio ABO (ATLÉTICO BANCO OLIMPO) de los 181 casos objetodel proceso más del 50% eran parte de esta universidad. En ese proceso fue juzgado Raúl Guglielminetti queactuó como agente de inteligencia no sólo en Buenos Aires sino en la Universidad Nacional del Comahuedonde fue guardaespaldas del rector Remus Tetu que había sido antes, rector de la Universidad Nacional delSur, donde el secretario de la Federación de Estudiantes, David Cilleruelo fuera asesinado en el pasillo mismodel rectorado, a pasos de su oficina, y por una patota a su servicio (todo lo cual fue denunciado ante el JuezOyarbide en la causa Triple A). Los testimonios aportados en los juicios evidencian los vínculos entre laspatotas que actuaban de manera conjunta en varias facultades y colegios.La Universidad Nacional de Buenos Aires tiene alrededor de 1300 personas detenidasdesaparecidas,la Universidad Nacional de La Plata supera las 760, la Universidad Nacional de Córdoba másde 200, por mencionar sólo parte del sistema educativo universitario. Son innumerables los casos deinstituciones escolares que fueron usadas como centros de detención, tortura y exterminio, y debemos recordarque el primer Centro Clandestino del país fue una escuela para pobres que soñaban con dejar de serlo, laEscuelita de Famaillá.Por todo lo cual, convocamos a docentes, estudiantes, no docentes y graduados de las Carreras que sedictan en situación de encierro, a través del Programa UBA XXII, a reflexionar y producir un compromisorenovado tanto con quienes enseñan, investigan y estudian en ese programa como con la lucha por la verdad,la memoria y la justicia para todos y todas.