El ejercicio de una abogacía libre, independiente y comprometida con la defensa de los derechos humanos constituye una de las premisas de una sociedad democrática y pluralista.

Por ello, al llegar a nuestro conocimiento la lamentable novedad que el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue ha rechazado la propuesta de designar a Oscar Pandolfi como Profesor Consulto de esa casa de estudios nos gana el estupor y la desazón, ya que el nombrado ha reunido sobrados méritos académicos, profesionales y personales para hacerse creedor del cargo para el que había sido propuesto en base a una tesonera e inclaudicable  labor que lo ha llevado a distinguirse como uno de los hombres de derecho más destacados y reconocidos del sur argentino.

Pero el estupor se convierte en indignación cuando conocemos que los verdaderos y subyacentes motivos que habrían producido el rechazo de la postulación estarían constituidos por el desempeño profesional del Dr. Pandolfi, y más precisamente, por la defensa de personas imputadas por la comisión de delitos contra la integridad sexual.

La aludida descalificación involucra y afecta a Oscar Pandolfi en forma personal, pero lo cierto es que lo trasciende, ya que en realidad constituye una afrenta para el estado democrático de derecho, afrenta que se cuantifica y cualifica, cuando la misma proviene de un claustro universitario.

La absurda categorización entre imputados que merecen ser defendidos y otros que no lo merecen, y que aquellos que los defienden deben correr la misma suerte que sus clientes, supone una grosera confusión conceptual, inadmisible para el orden jurídico, pasible de acarrear sanciones judiciales.

A este respecto es preciso recordar que los “Principios básicos sobre la función de los abogados”, aprobados por Naciones Unidas en 1990 en La Habana, y que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Comahue no puede desconocer, establece en su regla 16 que:

Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión

Y que:

Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.

El desafortunado proceder del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue debe ser subsanado en la forma más inmediata posible, ya que en ello no solo se juega la reparación de los intereses afectados, sino también el prestigio de la casa de estudios.

Ante hechos de público conocimiento, por el cual funcionarios municipales, provinciales y nacionales han requerido la promoción de juicio político y destitución de los jueces del Departamento Judicial de San Isidro, Rafael Sal Lari  y Esteban Rossignoli, la Asociación “Pensamiento Penal” se ve en la obligación de reiterar, una vez más, su profunda preocupación por la lesión al Estado de Derecho que esas acciones y manifestaciones públicas producen, conduciendo a una  gravísima degradación institucional.

 Para leer el resto del documento, aquí

 La Asociación "Pensamiento Penal", junto a otras entidades civiles de la vida pública, se pronunció contra el veto a la Ley 2973 de emergencia habitacional de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El texto completo de la nopta aquí

 DECLARACION PÚBLICA DEL FORO MULTISECTORIAL

PARA LA DEFENSA DE LA JUSTICIA, REUNIDO EN LA PLATA.

Nosotros, miembros y/o representantes de las asociaciones y organizaciones que suscriben este documento, reunidos en el Tercer Foro Multisectorial para la defensa de una justicia independiente y democrática, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con el fin de analizar y debatir los ejes esenciales sobre los que gira el actual cuestionamiento a decisiones judiciales, vinculadas con el otorgamiento de la libertad durante el proceso; los proyectos de reformas al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y el rol y la participación de los actores del sistema procesal penal en materias que les conciernen estrictamente; CONCLUIMOS EN DECLARAR QUE:

El texto completo del documento puede ser consultado aquí