F.F. viajó desde Jujuy a Buenos Aires para denunciar que la policía lo había torturado. Al volver a San Pedro, su pueblo, lo volvieron a detener. En la comisaría, lo desnudaron, lo bañaron con agua fría y le pusieron una bolsa en la cabeza. El joven tiene 21 años y mucho miedo. Como él, otras quince personas denunciaron casos de tortura y apremios en comisarías de Jujuy. Primero pidieron protección en su provincia. Ahora llegaron a Buenos Aires y el miércoles se reunieron con Nicolás Laino, titular de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Torturas de la Defensoría General de la Nación. También fueron recibidos por la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin).

En Jujuy, Juan Manuel Sivila, abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, presentará un habeas corpus colectivo y que las denuncias se unifiquen en una única investigación penal.

A Martín Gómez le decían Sonrisa. En junio del año pasado lo encontraron muerto, atorado en el ventiluz del baño de la casa de un policía. A Juan, el padre, le dijeron que había entrado a robar y que al escapar se había asfixiado. Él insiste que, poco antes de morir,  Martín le contó que la policía lo había reclutado “a fuerza de golpes y cocaína para robar para ellos”. Juan está convencido: “a Martín lo mató la policía”, dijo el viernes en una charla en la Feria del Libro, frente a Stella Maris Martinez, La Defensora General de la Nación, que ahora analiza cómo ayudarlos.
En octubre de 2012, militantes y organismos de DDHH, presentaron los casos a la secretaria provincial de Derechos Humanos, Natacha Freijó, y al ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Insausti. Esperaban una respuesta, porque en la justicia las denuncias por torturas no avanzaban. “Hasta ahora no se desplazó a ningún policía. Las denuncias que se llegaron a presentar en alguna fiscalía no se investigan. Algunas de las víctimas incluso denuncian a los fiscales”, explicó Sivila a Infojus Noticias.
En el informe que ahora presentaron ante la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin) y la Defensoría General, la mayoría de los casos son de San Pedro de Jujuy. Pero también cuentan con denuncias de la capital provincial, Ledesma, Tilcara y Purmamarca. En marzo de este año, antes de llegar a Buenos Aires, sumaron el caso de Jorge Salazar, asesinado en el destacamento de barrio Azopardo de San Salvador. Por el crimen, hay ocho policías acusados de homicidio calificado en el juzgado en lo Penal Nº 5.
En Jujuy, según explicó Sivila, la policía puede detener al alguien y llevarlo a la comisaría por “merodeo, o por faltas al buen orden o a la salubridad” sin la orden de un juez. El abogado, adelantó a Infojus Noticias que como medidas de protección evalúan la presentación de un habeas corpus colectivo y la posibilidad de requerir la unificación de las denuncias en una única investigación penal.
 “Esto es orden del Comisario Ayarde: golpear a toda persona que levantemos en la calle”, le dijeron en febrero a uno de los detenidos. Carlos Ayerde, es el jefe de la Unidad Regional Dos de San Pedro, dirige las once comisarías de la ciudad y la Brigada de Investigaciones y Toxicomanía, entre otras. En la Brigada de Investigaciones, para las víctimas la violencia tiene nombre: “Los que más torturan son Barbosa y Ángel Suarez de la Brigada de investigaciones”, se lee en el informe al que tuvo acceso Infojus Noticias. Por lo menos, 6 de los atacados reconocieron a un policía de apellido Barbosa, y coinciden en que su apodo es “El perro torturador”.
En mayo, unos 40 jujeños, entre víctimas y familiares, viajaron a Buenos Aires a participar de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Pablo Juárez, un activo militante de derechos humanos y Juan Gómez, el padre de una víctima, decidieron quedarse.  Donde los recibieron contaron que de las comisarías jujeñas los pibes salen con las costillas rotas, quemados con agua hirviente, con marcas de picana, golpeados e incluso muertos.
Ya quieren volver a Jujuy, pero tienen miedo. Saben que la policía de San Pedro los estuvo buscando en el local en el que suelen reunirse.  ¿Correrán la misma suerte F.F., que volvió al pueblo para ser torturado otra vez?