Once menores fueron torturados en comisarías de la región en lo que va del 2011 y 120 en los 18 departamentos jurisdiccionales de toda la provincia durante el 2010, sin que haya una sola sanción penal ni para los policías sospechados, ni sumarios administrativos internos en marcha.
“Durante el año 2010 se denunciaron 120 casos por torturas y malos tratos aplicados a menores de 18 años en toda la Provincia de Buenos Aires. Así surge del Banco de Torturas que lleva la Defensoría de Casación de la Provincia y que se informaron al Comité Internacional Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En ninguno de esos 120 casos se investigó, se juzgó, o se aplicó sanción penal a personal policial. Tampoco la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense dio impulso sumarial para castigar –administrativamente– al personal policial presuntamente implicado”, describió Axat.
“En lo que va de 2011, sólo en la ciudad de La Plata, se denunciaron once casos de torturas. Tales causas carecen de movimiento procesal, y -nuevamente- la Dirección de Asuntos Internos no realizó ninguna actividad. Es más, tal Dirección ha expresado formalmente por nota a quien esto escribe que desconoce la existencia de tales causas. Aún cuando se pretenda, con toda razón, responsabilizar al poder judicial provincial por encubrir la tortura, el Ministerio de Seguridad bonaerense no posee un sistema de alerta temprana en casos de torturas como el que sí cuenta hoy el Ministerio de Seguridad de la Nación”, agregó el defensor de menores.
Axat, además, brindó los números de cada Instrucción Penal Preparatoria: IPP 9730; 9.731;15553; 22.508; 22.091; 22.818; 28.128; 28.714; 3.260; 43.654; 43.608, en las que se denuncian las torturas sin que haya novedades ni por parte de la justicia ni de asuntos internos.
“En la Nación, si la justicia no avanza con la investigación, se congela de inmediato aquellos legajos sospechados por abusos policiales; mientras que en la provincia de Buenos Aires las cosas suceden a la inversa; por dar un sólo ejemplo: el 30 de noviembre un joven de 16 años denunció haber sido sometido a sesiones de submarino seco en la comisaría de Villa Elisa y lejos de darse inicio a un sumario al personal policial sospechado o al menos congelar anticipadamente sus legajos, el 4 de diciembre el Ministerio de Seguridad de la Provincia jerarquizó al titular de la dependencia con el rango de subdirector del Deporte”, describió el defensor oficial, y resaltó que se trata de “un rango que no es ni siquiera de la estructura administrativa, sino de un cargo político”.
Axat pidió información sobre la situación de los policías sospechados al subsecretario de política criminal e investigaciones judiciales del Ministerio de Seguridad, César Albarracín, y a la titular de asuntos internos, Viviana Arcidiacono. “En todos los casos me pidieron que les envíe más precisiones porque nunca tienen nada”, describió. Y agregó: “podrían responder que no pueden sancionar a un policía si la justicia no lo hizo, pero lo cierto es que podrían aplicar un control sobre sus legajos para que no asciendan y no lo hacen”.
