Se trata del quinto documento elaborado desde el ente del Municipio. En la dependencia de Banda Norte es donde más detenciones se realizaron y la que tiene un mayor porcentaje de malos tratos
Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
De acuerdo al último informe del Registro Municipal de Demoras y Detenciones por Contravención, el 58,8% de las personas recibió golpizas en las subcomisarías de la Policía departamental. Es un dato polémico en el marco de la aplicación de un Código de Faltas que necesita modificaciones desde hace años y por el que las organizaciones sociales piden su derogación. Además, el documento elaborado por el registro del Municipio indica que hay un número elevado de demoras a menores de edad.

De las 6 dependencias de la Policía, la subcomisaría Banda Norte es la que mayor porcentaje de detenciones, con el 35,71% sobre un total de 42 en el último año (el trabajo del registro se basa en las presentaciones voluntarias realizadas durante el 2013). Hay que recordar que desde hace años no existen datos oficiales sobre las actuaciones por contravenciones, debido a que ante el pedido de organizaciones sociales las fuerzas de seguridad cordobesas se negaron a la presentación de tal información.

Primera, Centro, Banda Norte, Abilene, Bimaco y Alberdi son las dependencias aquí registradas, y desde el registro se da cuenta que en Banda Norte “hay distintos factores que puedan explicar dicha situación: el tamaño del barrio; el gran nivel de conflictividad social; la organización de los vecinos para dar conocimiento de los abusos policiales a este Registro; y las directivas de esta dependencia a sus agentes”. No sólo las detenciones, sino también las demoras, que fueron el 44,44% del total y el mayor porcentaje de golpizas denunciadas.

La comisaría Centro es la segunda con más detenciones, con el 30,95% del total y 9 denuncias de golpizas. Le siguen la Primera (14,28%), Alberdi (9,25), Bimaco (7,14%) y Abilene (2,38%); en todas se denunciaron golpizas por parte de los agentes, 30 casos en total.

Respecto de las demoras, el informe señala que “son utilizadas principalmente para hostigar a menores de 18 años ya que no pueden ser detenidos”. Y luego agrega: “En reiteradas ocasiones recibimos presentaciones por casos de menores en los que personal policial al no poder aplicarles el código de faltas utilizan las demoras. Éstas suelen ser amenazas o situaciones vergonzosas y hasta paseos por las comisarias en pos de causarles algún tipo de temor a los jóvenes. Incluso en reiteradas ocasiones llegan a esposarlos y amenazarlos diciéndoles que cuando cumplan los 18 años no se salvarán de ser arrestados y trasladados a la Unidad Penitenciaria Nº 6”.

Artículos aplicados

El merodeo en zona urbana y rural (contemplado en el artículo 98 del Código de Faltas) y el escándalo en la vía pública (del artículo 52) fueron los más aplicados de acuerdo a las presentaciones que se hicieron en el registro. Sobre el merodeo, el informe señala que su aplicación es arbitraria, “ya sea por la vaguedad y las zonas grises que presenta este artículo”. En tanto, sostiene, “deja un gran margen de subjetividad en el criterio del policía sobre quién merodea y quién no; muchas personas pueden encontrarse transitando en ‘actitud sospechosa’ porque no se aclara a qué se refiere con sospechoso”.

Respecto al artículo de escándalo público, desde el registro sostienen que “probablemente se aplique con mayor frecuencia” que el 98, aunque no se lo denuncie en las presentaciones por tratarse de una figura que puede no resultar tan discutida en el accionar policial. “De acuerdo a lo manifestado por varias personas, los efectivos policiales utilizan la provocación, la falta de respeto, la agresión física y psicológica para que los aprehendidos se sientan violentados y que reaccionen espontáneamente de manera temperamental. Situación que les da algunos elementos a los efectivos para encuadrarla en la figura de escándalo público, ocasionada adrede por la autoridad de aplicación para justificar la detención”, indica el documento.

El documento elaborado por Mariano Cessano y Valentina Tenreyro, del registro municipal (que depende de la Secretaría de Gobierno), cuenta con un importante trabajo desde lo teórico y luego de los datos cuantitativos reflexiona sobre las implicancias del Código de Faltas cordobés y sostiene que se supone debería asegurar la convivencia social. Sin embargo, dice, “si cada vez están haciendo falta más privaciones de libertad para asegurar esa convivencia y si además esas detenciones recaen sobre un sector vulnerable de la sociedad y ello es avalado implícita o explícitamente desde la política y el poder judicial, pues sin duda se está haciendo un mayor aporte para la fragmentación social que para resolver la seguridad urbana”.

El documento del registro municipal concluye que “la falta de debate y reflexión crítica sobre el real alcance y las raíces de nuestros problemas es verdaderamente dramática y hace que se piense en soluciones simplistas y reduccionistas, pero lo que es peor se hace cargar el peso de esas soluciones sobre sectores vulnerables de la sociedad, sobre aquellos desclasados que el orden económico va arrojando a la desprotección y el olvido”.

Luis Schlossberg