A comienzos de año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a especialistas, operadores jurídicos, autoridades políticas de todo el país, así como a integrantes de ONGs y representantes de organizaciones de derechos humanos para discutir la reforma del régimen penal juvenil.
Sin perjuicio que la convocatoria ocurrió en medio de la confusión y la vorágine de discursos punitivistas ventilados en varios medios, generados  por la comisión de un hecho delictivo trágico y violento que se atribuyó con prisa a un joven no punible, las declaraciones públicas del Ministro Germán Garavano, en cuanto a que la reforma ocurriría luego del período electoral y merced a la construcción de consensos entre los actores involucrados, nos persuadió de que –esta vez– la problemática de la infancia y la juventud en relación al conflicto penal no sería tratada con ligereza y, mucho menos, utilizada para obtener un rédito político.
En la instancia final, luego de enviar nuestros aportes y participar en cada una de las mesas en las que las autoridades del Ministerio dividieron el trabajo, se verificó la más amplia y generalizada coincidencia respecto de que no debe ni puede reducirse la edad punibilidad contemplada en la legislación actual en los 16 años de edad.
Efectivamente, frente a las aisladas y escasas opiniones que no se apoyaron en serios y verdaderos diagnósticos, sino en impresiones y posiciones exclusivamente personales, ofrecimos argumentos jurídicos así como datos empíricos que reflejan que la disminución del mínimo de la edad de responsabilidad penal no solo constituye una medida regresiva en materia de derechos –y por tanto contraria a la Constitución Nacional– sino una iniciativa manifiestamente inútil para abordar la situación de los niños y jóvenes respecto del derecho penal. Y esta posición, constituyó a tal punto una mayoría abrumadora, que varios portales de noticias –entre estos “Infobae” y “Clarín”– dieron cuenta a la mañana siguiente que el gobierno daría marcha atrás con la iniciativa.
Sin embargo, a contra mano de la idea de avanzar con mesura y mantener la discusión al margen de disputas electorales, comenzó a trascender ese mismo día en varios medios de comunicación que el gobierno no daría marcha atrás y que el propio Presidente de la Nación enviaría un proyecto de reforma cuyo eje central sería la reducción de la edad mínima punibilidad a los 14 años de edad. 
Como si fuera poco, Martín Casares –Subsecretario de Política Criminal– realizó manifestaciones en las que denostó nuestras intervenciones en contra de la baja, señalando que más allá de eso no efectuamos propuestas. Lo que implica desconocer los aportes que se realizaron en las mesas de trabajo que él mismo coordinó, y los recorridos y experiencias de cada uno de los participantes que nos valió ser parte de la convocatoria. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Justicia trascendió un comunicado en el que se manipuló el número de asistentes para relativizar el consenso que se alcanzó en el encuentro del pasado 23 de febrero.
Frente a este escenario, y teniendo en cuenta que el Presidente anunció en la apertura de sesiones legislativas que una de sus preocupaciones era la reforma del régimen penal juvenil y subrayó que sus banderas de trabajo son el “diálogo”, el “compromiso” y los “derechos humanos de hoy”, esperamos que honre esas máximas y que, de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, respete el consenso alcanzado en las mesas respecto del punto a que no debe reducirse la edad mínima de punibilidad.
Marzo de 2017.
 
Suscriben:
 
  • AJUNAF
  • Asociación Pensamiento Penal
  • Colectivo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, representada por Maricel Segovia.
  • Colegio de psicólogos de la Prov. de Santa Fe 2° Circ.
  • Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe
  • Defensoría General de la Nación
  • Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
  • Mesa Ejecutiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.
  • Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GSPyDH)
  
Adhieren:
·         Agrupación Mujeres al Frente  “Marcela Acuña”
·         ANDHES
·         APDH Catamarca
·         APDH Nacional
·         APDH Regional Rosario
·         Asociación Civil “El Vallecito de la Guadalupe”, ONG del Municipio de San Miguel Prov. de Buenos Aires.
·         Asociación Civil Educativa María Montessori.
·         Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, Presidida por Carlos Acosta Flores.
·         Asociación de Trabajadores de la Psicología Social de Chaco.
·         ATE Filial Chaco.
·         Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la UNAF (Formosa)
·         Cátedra Derecho Penal -Parte General- de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
·         Cátedra Libre de Derechos Humanos, UNNE.
·         Colectivo Asociación Surcos
·         Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
·         Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
·         Colectivo Justicia Legítima Nordeste.
·         Colectivo NI UNA MENOS, Resistencia – Chacho.
·         Colectivo Solidario “Yaha porá” Corrientes
·         Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la 2° Cir. De la Prov. de Santa Fe.
·         Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes
·         Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Avellaneda Lanús.
·         Comité para la defensa de la Salud Ética y Derechos humanos (CODESEDH)
·         Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la 1° Circ. del Chaco.
·         Consejo Provincial de Psicólogos de la Prov. de Santa Fe, integrado por los Colegios de Psicólogos de la 1° y 2° circunscripción.
·         Coordinación de la Diplomatura en Derechos de la Niñez de la Universidad Nacional de La Pampa.
·         Defensoría General de La Pampa.
·         Defensoría General del Poder Judicial de Chaco.
·         Escuela Pública de Gestión Social N° 2, Barrio Emerenciano de Resistencia Prov. de Chaco.
·         Foro de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires.
·         Fundación “Yo Soy”, Resistencia Prov. de Chaco
·         Fundación Foro Social NEA.
·         Fundación Luci Akatsuki, Resistencia Prov. de Chaco.
·         Instituto de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
·         Ministerio Público de la Defensa, Provincia de La Pampa
·         Movimiento Provincial de Mujeres del Partido Demócrata Cristiano de Corrientes
·         Movimiento Socialista Chaco.
·         Observatorio Contra la Violencia de Género, Abuso Sexual del Niño y la Persona con Discapacidad
·         Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani de la Fac. de Ciencias Sociales de la UBA
·         Partido Socialista Unidos por el Chaco, Presidente Emerenciano Sena.
·         Red de Derechos Humanos Corrientes
·         Red de Género, Chaco.
·         Residencia de Minoridad y Familia, Catedra A – Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia de la Facultad de Derecho de la UNR.
·         SEHAS
·         Subsecretaría de la Mujer y la Familia, de la Municipalidad de Resistencia Prov. de Chaco.
 ·         Alejandra Carrizo, Psicóloga integrante de la Comisión Directiva APDH regional Formosa, Red por la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, e integrante de la Comisión de DDHH de FePRA
·         Analía Rach Quiroga, Diputada Nacional por Chaco.
·         Armando Aquino Britos, Prof. Titular Cátedra Derecho Constitucional y Prof. Adjunto Cátedra Derecho Político de la UNNE, Corrientes.
·         Carlos Martínez, Diputado Provincial de Chaco.
·         Dr. Alejandro Osio, Profesor Titular de Derecho Penal -Parte General-, de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
·         Dr. Eduardo Aguirre, Defensor General de la Provincia de La Pampa.
·         Dr. Juan Pablo Meacca, Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de la Prov. de La Pampa
·         Dr. Omar Esteban Uria, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
·         Dra. Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, Jueza del Juzgado Federal de Paso de los Libres
·         Dra. Daniela Benenatti, Jefa de la Of. Legal del Ministerio de Desarrollo Social de San Luis
·         Dra. Mónica Corbalán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho Civil V, Derecho de Familia, de la Universidad Católica de Cuyo San Luis.
·         Dra.Estela Bustos, Prof. Adjunta de la Cátedra de Derecho Civil V, Derecho de Familia, de la Universidad Católica de Cuyo San Luis.
·         Francisco Miguel Pesoa, Profesor de Derecho Procesal Penal, Univ. de la Cuenca del Plata
·         Guillermo Javier Daniel Susman, Secretario del Centro Judicial de Mediación, Poder Judicial de la Prov. de Corrientes.
·         Gustavo L. Vitale, Prof. Titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Comahue y Defensor Público Interamericano por Argentina
·         Hebe Vázquez Ojeda, Lic. En Psicología MP 615, Prov. de Corrientes
·         Idalai Sandobal, Lic. en MP 493, Prov. de Corrientes.
·         José Carlos Retamoso, Psicólogo Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
·         Juan Carlos Goya, Sec. de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco.
·         Juan Francisco Pérez, Psicólogo Forense, Corrientes.
·         Juan Manuel Chapó, Concejal de la Municipalidad de Resistencia, Chaco.
·         Juan Manuel Pedrini, Diputado Nacional por Chacho.
·         Lic. Graciela Altamirano, Jefa del Servicio de Psicología del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asis”
·         Lucas Crisafulli, Coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
·         Lucila Masin, Diputada Nacional por Chaco.
·         María Alejandra Montiel, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
·         Maria Alejandra Mumbach, miembro del Comité de evaluación del seguimiento y aplicación de la Convencion contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes de la Provincia de Corrientes.
·         María del Carmen Zarza, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
·         María Elena Toranzo, Prof. y Psicóloga Clínica Psicoanalítica, Directora del Departamento de Formación Profesional de FAPSI (UN de San Luis), Directora de la Carrera de Especialización en Asistencia y Pomoción de la Salud Mental de Niñez y Adolescencia – FAPSI
·         María Fernanda Iris Aguirre, Psicóloga forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, Curzú Cuatiá
·         María Inés Pilatti Vergara, Senadora Nacional por Chaco.
·         María Magdalena Manonelles, Lic en Psicología MN 5232
·         Marisa Liliana Romero, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
·         Mercedes Carolina Piñeiro, Lic en Psicología y Especialista en Salud Mental, integrante del Servicio de Psicopatología del Hospital San José de Paso de los Libres.
·         Norberto Liwski, Docente UNNE e integrante del Servicio Habitacional y de Accion social, Niñez y Juventud (SEHAS)
·         Ricardo Alejandro Vassel, miembro de la Asociación de Ex presos Políticos de Corrientes.
·         Sonia Cristina Seba, Abogada Especialista en Derecho de Familia.
·         Úrsula Ximena Sabarece, Activista y Militante Trans, DNI 25.346.542
·         Víctor Hugo Benítez, Abogado y docente UNNE, Corrientes.