El juez federal Hugo Sastre procesó a 14 miembros de la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson por haber abandonado a su suerte a un preso que, como nadie escuchaba sus reclamos, se ahorcó con una sábana en su celda el 25 de enero de 2012.

La lista de uniformados procesados por “abandono de persona” la encabeza el exdirector de la U-6, Roberto Irusta. Le siguen los jefes de Seguridad Interna José Millaqueo y Ariel Fernández; los jefes de turno Luis Ventos y Ernesto Medina; el inspector de servicio Víctor Díaz; los encargados de sector Gerardo Aguilera, César Gómez, Darío Álvarez y Alfredo Díaz, y los celadores Ramón Franco, Sebastián Nieva, Walter Aleuy y Gabriel Martínez. Cada uno fue embargado en 100 mil pesos.

La víctima del mal trabajo de este grupo fue David Dubra, cuyo cadáver se halló a las 7.20, al abrirse las celdas del Pabellón Nº 14, sector D. Era la celda Nº 26 y para quitarse la vida amarró la tela al conducto de luz del techo. Sus pies tocaban el piso. En su habitáculo se halló un álbum de fotos de su familia y copia de una denuncia contra del Servicio Penitenciario Federal.

El juez explicó que Dubra sufría un “especial estado de vulnerabilidad”. Lo sabían sus compañeros de presidio y las autoridades penitenciarias que debían vigilarlo y cuidarlo. La madrugada del día que se mató lo escucharon golpear sus manos, nervioso y triste.

Llegó a Rawson desde la Unidad 7 de Chaco y siempre lo vieron mal. Denunció múltiples malos tratos y exigía su traslado a Buenos Aires, por un familiar en terapia intensiva, gravísimo. Tampoco podía ver a su hija. Ni le respondían los reclamos. Dicen que con cada denuncia, los agentes más lo amenazaban.

Tres días antes de su muerte inició una huelga de hambre y seca. Pero no recibió ninguna atención médica. En su última noche con vida, a Dubra se lo vio notablemente desmejorado. Sin fuerza ni para levantarse, tenía mucha sed. Los otros presos le ofrecieron comida y no quiso, para no romper su huelga. Ni una naranja aceptó.

Le avisaron al celador. Les contestó que él sólo cumplía horario y no era niñero. Que se dejaran de joder. “Le contestamos que éramos seres humanos y no animales, nos cerró las cortinas y nos dejó hablando solos”, testimoniaron los presos.

Según el fallo, el interno sufría una depresión evidente. No era un tipo conflictivo. Llegó a pedir a sus compañeros que lo lastimen para obligar su traslado. Estaba dispuesto a cualquier cosa, dice la causa. “Lo dejaron morir”, graficó un testigo.

Para Sastre, el deterioro anímico de Dubra era profundo, evidente y visible. Mal vigilado, era un peligro para él y para el resto. Muy lejos de su familia en Buenos Aires, lo afectó la falta de respuesta de las autoridades de la U-6 a su pedido de traslado y la indiferencia de sus cuidadores a su huelga de hambre para llamar la atención. Ya había hecho huelga en diciembre de 2011 y tampoco hubo control médico.

Antes de su ingreso a la U-6, Dubra recibía tratamiento psiquiátrico y psicológico. Tenía antecedentes de adicción y aceptó el ingreso a un programa de asistencia. “Atravesaba un cuadro de inestabilidad emocional”, escribió el juez.

Ya en Rawson, un psiquiatra reconoció su estado de vulnerabilidad aunque no una tendencia suicida. Según el médico, “él estaba en sus cabales y era razonable la ayuda médica que pedía”. Lo medicó contra el insomnio y la ansiedad.

Para saber qué sucedió la noche del suicidio, el juez no pudo apoyarse en las cámaras de seguridad del pabellón: no tienen sonido, son incompletas y se apagaban de noche. Ilógico para un pabellón de una cárcel de máxima seguridad que debe evitar riesgos para presos y agentes. Lo que sí probó es que el estado emocional de Dubra desmejoró hasta llegar a su muerte.

El fallo advierte que los 14 procesados, cada cual desde su función, debían custodiar al preso, con vigilancia y asistencia directa y permanente, para evitar que se dañara a sí mismo o a otros.

Pero los imputados omitieron hacer ese trabajo “de manera intencional y deliberada, y con pleno conocimiento del riesgo que suponía”. A causa de ese comportamiento, la vida de Dubra “quedó expuesta a una evidente situación de abandono, desprovista de toda vigilancia, cuidado y contención penitenciaria y médica”. Decidió matarse.

Este final pudo evitarse si la cadena de mandos hubiese seguido el reglamento. Nadie hizo nada y nadie controló fallas de subordinados y jefes. Por eso el juez habló de “comportamientos desinteresados, indiferentes, despreocupados y de desprecio hacia la integridad de la víctima”.

Un preso, alojado en un pabellón con un régimen restringido de apertura de celdas y sometido a un penal de máxima seguridad, donde la autoridad decide y organiza cada aspecto de su vida, “tiene su capacidad de autodeterminación y de autoprotección sensiblemente restringida a la mínima expresión”.

Las cámaras

Sastre advirtió los problemas de funcionamiento de las cámaras de seguridad. Y varios de los procesados usaron este dato para defenderse. “Lamentablemente este proceso sólo cuenta con videos parciales e incompletos de todo lo sucedido en el Pabellón 14 entre los días 22 y 25 de enero de 2012”, admitió.

“Los desperfectos técnicos de las cámaras implicaron una cierta dificultad para que cuidaran a los internos bajo su guarda, en especial a Dubra, tal como debían hacerlo”. Pero este problema se resolvía si se hubiesen extremado las medidas de seguridad tradicionales, como el control y vigilancia permanente del pabellón de día y las recorridas frecuentes de noche.

“Estas medidas en definitiva no se adoptaron, para desgracia de la vida de Dubra. Pretender debilitar la responsabilidad de Irusta en particular, y de los demás coimputados, esbozando una suerte de excusa fundada en el desperfecto técnico de las cámaras, es inatendible cuando tuvieron a su alcance los medios indispensables para proteger los bienes a su cuidado”.

Al no cumplir las normas, Irusta puso a Dubra “frente al peligro concreto de lesión de su intangibilidad física y de su vida”. Además, se alojaba en el Pabellón 14, con un régimen diferenciado para internos que necesitaban resguardo físico. “Son alojados los detenidos cuya integridad psicofísica corre un peligro real o que manifestaron temor de recibir agresiones o problemas de convivencia con los demás internos”, explicó Sastre.

Lo esperable era que los funcionarios penitenciarios ajustaran la vigilancia y la asistencia. Pero “pese a tener plena consciencia de la evidente situación de endeblez emocional que embargaba a Dubra”, no cumplieron su deber de cuidado. “Esto, a sabiendas de que esta circunstancia podía representar un peligro concreto para la vida e integridad psicofísica de quien, en definitiva, se terminó quitando la vida en la soledad de su celda”.

 

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