Hace dos meses el fiscal de Cámaras de Rosario, Guillermo Camporini, auguró que no deben esperarse grandes éxitos en las investigaciones de delitos si la que actúa es una policía incapaz de hacer buenas pesquisas y con altos niveles de corrupción. El ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, repuso que Camporini, por su función, tenía responsabilidad directa en que la policía que criticaba casi nunca fuera sancionada.

Y le recordó que el conductor de los fiscales en la provincia, el procurador Agustín Basso, había sido máximo gestor de las trabas en implementar el nuevo régimen de juicio Camporini replica con algunas cosas que dijo y otras nuevas. Asegura que mientras no rija a pleno la nueva estructura de juicio los fiscales estarán desbordados de trabajo y sin capacidad de investigar en forma autónoma.

Pero además señala que el gobierno no debe buscar lejos las culpas por las demoras. “La transición al nuevo sistema de juicio penal cumple tres años el próximo martes. Las autoridades del nuevo sistema llevan ya casi un año en funciones. Y se dice que debemos esperar otro año como mínimo. Esto pone en claro una total falta de previsión. Transición significa un paso más o menos rápido. Esto de rápido no tiene nada y nada se ha hecho para dotar al Ministerio Público Fiscal (fiscalías) de elementos mínimos para funcionar en investigación adecuadamente”.

En Rosario hay 12 fiscales. “Estos tienen que actuar en las causas que impulsan 15 juzgados de instrucción, 10 correccionales, 8 de sentencia y 4 de menores. Además los fiscales tienen tareas de competencia civil, comercial y de familia. En la etapa de juicio deben intervenir en las causas iniciadas en Villa Constitución, San Lorenzo, Casilda y Cañada de Gómez. En el nuevo sistema llamaron a concurso para cubrir 69 cargos para la
ciudad de Rosario en fiscalías que van a tener sólo función penal. Recién con esto será distinto”, dice.

—En el Ministerio de Justicia plantearon que usted tiene responsabilidad en que muchas causas de corrupción policial prescriban o no avancen.

—En los últimos diez años la única denuncia de enriquecimiento ilícito de un policía es la de Hugo Giuliano (lleva ocho años en trámite). Y a la inversa de lo que se dice si no fuera por nosotros esa causa se prescribía. Por ejemplo: le imputan a Oyarbide la compra de un anillo de 250 mil dólares. ¿Por qué no lo llamaron a indagatoria? Porque primero un juez competente debe darle a un órgano administrativo —la Corte Suprema— la investigación de ese enriquecimiento supuesto. En el caso de un policía debe ser un órgano policial como Asuntos Internos. Antes de eso nadie puede iniciar un juicio.

—¿Usted dice que un fiscal frente a situaciones que son escándalos públicos no puede hacer nada?

—No si no le llega una denuncia. Yo no puedo saber por ejemplo si Asuntos Internos tiene denuncias cajoneadas.

—Hay casos que no se necesita  un oficio de un juez para enterarse. Se acaba de archivar una denuncia donde una chica, testigo de un reciente juicio resonante, dijo que su marido le pagaba a la comisaría 11ª para poder vender droga. El caso salió un año en la prensa.

—El Ministerio Público actúa cuando hay elementos. Casos concretos. Tengo gran cantidad de ejemplos de notas pidiendo a Asuntos Internos que nos aclaren ilícitos supuestos de empleados policiales que no pueden desconocer sus superiores jerárquicos, saber qué juzgados intervienen y en qué modo y fecha se anoticiaron los hechos. Nos contestan que toman medidas internas y se comunicarían tales asuntos a los funcionarios que nos corresponden. Nosotros podemos anunciar hasta un punto.

—En la causa Giuliano, que es un funcionario policial investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, el fiscal inferior dijo que había prueba sobrada para acusar y usted no sostuvo la apelación de su cierre.

—No fue así. Esta causa se fue demorando en el propio juzgado. Luego cambió el juez. El fiscal Esteban Franichevich le pidió a la jueza reemplazante que resolviera la situación procesal del acusado. La jueza le dicta una prescripción a la causa por el tiempo transcurrido y un falta de mérito al oficial. Apela el fiscal y viene a mi. Allí yo digo que la prescripción es de orden público y por ello indiscutible. Pero desisto el falta de mérito para que el fiscal pida las medidas necesarias a fin de cerrar el argumento acusatorio y pedir el procesamiento.

—Tuve en mis manos un papel donde usted decía desistir de apelar por coincidir con el argumento de la jueza e incluso criticaba la acción de su fiscal inferior por no actuar más enérgicamente en el caso.

—Escuche mi argumento. La jueza le pasó la causa al fiscal Franichevich para que se notificara. El fiscal le pide nuevas medidas y la jueza se las niega. Yo sabía que eso iba a pasar. Si la jueza me rechaza las medidas, que es lo que pasa en el actual sistema, yo no tengo más recursos. Puedo pedir un montón de medidas pero basta que el juez me lo niegue para no poder actuar. Todo esto derivó en un largo ida y vuelta hasta que la Cámara Penal, luego que la jueza dictara el sobreseimiento del policía, lo revocara. Si eso pasó fue por la actuación del Ministerio Público.

—Una causa por presunta corrupción va a prescribir porque estuvo siete años sin resolución. ¿Por qué ustedes no señalan, al menos, que parece haber una omisión del juez instructor, como se dice en cuchicheos? ¿Se
dan cuenta del efecto social que tiene la impunidad? De afuera parece que nadie quiere sacar los pies del plato.

—Hoy tuvimos una reunión con los fiscales. Nuestro planteo fue que si nos cuestionan debemos defendernos hablando. Uno lee la investigación sobre aspectos del triple crimen de villa Moreno y pareciera que si no fuera por el juez Donnola la causa no avanzó. Me consta que el fiscal Aníbal Vescovo estuvo en todas las medidas y fue quien las pidió. Si nosotros no nos damos el lugar que nos corresponde pagaremos el pato. Pero si uno entra en la pelea luego hay que aguantárselas.

—¿Por qué no hay sentencias en casos de enriquecimiento ilícito? ¿Cuánta responsabilidad tienen los fiscales en esto cuando este delito es notorio?

—Es la policía la que tiene que empezar a tomar las riendas en esto. Yo doy órdenes de que las causas con trascendencia política y mediática se comuniquen de inmediato. Pero el sistema es perverso. Cuando hay un asesinato primero va a la Sección Homicidios. Si al día siguiente hay cuatro homicidios del primero, si no lo esclarecieron de entrada, no se acuerda más nadie . Al juez le va pasando lo mismo y al fiscal igual. En
el nuevo sistema esto debería no pasar porque el fiscal elegirá las causas importantes para actuar. Pero las cosas cambiarán en tanto tengamos investigadores idóneos. El domingo pasado la familia de un joven asesinado (Juan Pablo Fadus) cuenta detalles de cómo se contaminó la escena del crimen. ¿Cómo puede evitar esto un fiscal? Tenemos una policía incapaz de hacer buenas investigaciones. A veces arruina la prueba. Acabo de decir a los fiscales que tienen que ir a la escena del crimen y al advertir cosas así anunciarlo ellos en la prensa. En el sistema actual las fiscalías hacen agua por falta de infraestructura.

—Lewis se preguntaba cuántas causas hay con sentencia por adulteración policial de pruebas, por apremios ilegales, por corrupción económica

—Yo también podría preguntar, en este caso al Ministerio de Seguridad: ¿cuántas causas elevaron de investigación a jefes policiales por posible corrupción entendiendo que en jurisdicción de tal comisaría encontraron tantos quioscos de drogas? O sea ¿hicieron algo administrativo aunque sea frente al hecho de que el comisario ni siquiera controló bien su ámbito? La que tiene que empezar la investigación ahí es la propia policía. Para eso está Asuntos Internos. Los casos que llegan a conocimiento judicial se trabajan. Caso por ejemplo del comisario que cobró por devolver un camión.

—Lo impactante de ese caso hacía imposible no trabajarlo. ¿Qué pasa con los policías que se enriquecen de modo menos descarado pero muy visible?

—No se puede partir de la base de que se hay algo ilegal y perseguirlo. Pero aún así, hubo casos de trata de personas que se investigaron en el centro de Rosario por nuestro exclusivo impulso, hace un mes. Dos prostíbulos, uno a la vuelta y otro a una cuadra de la comisaría más céntrica de Rosario. Había policías cortando la calle.  Y no apareció el jefe de la seccional! Tengo que presumir  algo ilegal. Ahora ¿hizo algo el jefe de Unidad Regional II? ¿Le  llamó la atención por tener dos prostíbulos en su zona? ¿hizo algo Asuntos Internos? Lo mínimo es darle una patada y decirle: “Usted no puede estar acá como mínimo por inútil”. Lo mismo cuando queman un quiosco de drogas en un barrio. ¿Pasa eso y el comisario sigue en su lugar? Eso no lo tiene que hacer el fiscal.

—¿Pero cuando el delito está denunciado y hay un juez que actúa? Insisto en el caso de los jefes de la 11ª acusados de tener trato con un traficante en enero de 2010 en el marco del asesinato del chico Walter Cáceres. La jueza no formó causa y la fiscalía avaló eso sin apelarlo.

—No recuerdo cómo fue el trámite con los jefes de la 11. Pero sí que en ese caso de Cáceres llamé a la fiscal y le pedí que formara una causa. Allí había el caso de dos acusados, indigentes ambos, ofreciendo un Mini
Cooper para avalar el pedido de excarcelación. Algo inadmisible. Pedimos que al grupo se le imputara asociación ilícita. La jueza, que era Raquel Cosgaya, terminó valorando que no había elementos y cerró la causa. En
el sistema vigente por el artículo 187 la instrucción la tienen los jueces penales. El fiscal puede instar y proponer medidas de prueba. Pero si el juez no me da cabida no tengo facultades para seguir actuando.

—¿Son los fiscales hoy funcionarios burocratizados que esperan todo de la policía?

—Lo eran. Ya no. Antes el fiscal en este sistema podía ser alguien que quería jubilarse con un buen ingreso sin pagar impuesto a las ganancias. Hoy de los 12 fiscales por lo menos 9 comprometidos con tener un rol activo en la investigación penal. Vean cómo actuó el fiscal Vescovo en el triple crimen. Lo único que pedimos es que se ponga en marcha el nuevo sistema. No de león: hoy no somos ni cola de ratón.

En boca del ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Lewis, dijo en una entrevista a La Capital publicada el 23 de enero:

– “El principal logro del nuevo juicio penal es que tendrá mayor publicidad. Y ahí se notarán aciertos y errores de todos: de los policías, pero también de las defensas, los fiscales y los jueces. Me llama la atención lo que dijo Camporini porque él no es una persona ajena a los problemas que señala: es el fiscal de Cámaras y ya en el sistema actual puede hacer muchos aportes para que las investigaciones sean de otra manera y para que la policía en su función judicial trabaje de otro modo”.

– “Hoy por hoy los fiscales esperan pasivamente las conclusiones de las investigaciones que realice la policía. Si hay que armar la hipótesis de trabajo dejan eso en otras manos. Hay excepciones y no quiero ser injusto. Pero en líneas generales los fiscales van siempre atrás de la policía y los jueces”.

– El nuevo sistema penal es transparente y público y eso va a dejar ver como trabajan todos los actores. Se verá si la policía fue torpe en la colecta de pruebas pero también si el fiscal fue diligente en la elaboración de una hipótesis de investigación, si estuvo encima de los policías en la preparación de la evidencia o si se sentó a esperar en su escritorio lo que ellos hacían. Estas cosas se van a ver en el juicio. En un sistema público
lo que estará expuesto es cómo trabaja cada uno. Cada uno pagará los platos rotos de su propia inacción”.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/policiales/Hay-una-total-falta-de-prevision-en-poner-en-marcha-el-sistema-penal-20120213-0023.html