El Centro de Estudios e Investigación Social conducido por el abogado Rolando Núñez analizó los delitos registrados por el Poder Judicial, el Área Penal del Departamento Adolescencia de la Dirección de Niñez, Adolescencia (Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social). Los datos son más que interesantes.

Núñez reconoce que la crisis de los núcleos familiares sumada a la falta o mala aplicación de políticas sociales, educativas, sanitarias y de prevención primaria de la seguridad pública, derivó en un crecimiento extraordinario del delito. “Según el poder judicial, en el 2011 se registraron 56.897 delitos y en 2012 se produjo un pico de 66.628 hechos en Chaco, alcanzándose el récord en la tasa de delitos con 631 hechos por cada 10.000 habitantes, con una variación interanual del 17%. Durante el 2012 el promedio de denuncias diarias fue de 182”. A esto hay que sumar las ‘cifras negras’ de la criminalidad: sólo se denuncia un delito de cada tres.

“Las estadísticas criminales de los dos conglomerados con mayor número de habitantes (Gran Resistencia y Sáenz Peña) hacen punta en la concentración del número de delitos. Entre los años 2010 y 2011 en Sáenz Peña se duplicaron los delitos, que pasaron de 4319 a 9377 hechos, lo que significó una variación interanual del 117 %. Una verdadera explosión delictiva. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no informó a la opinión pública cuales fueron las causas del extraordinario aumento en el nivel de delitos que se produjeron en los últimos años, con un presente que genera miedos y zozobras en gran parte de la comunidad, que se siente desprotegida e indefensa”.

CRIMINALIZACIÓN DE LOS ADOLESCENTES

Según la Memoria 2013, confeccionada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, ingresaron 1.238 expedientes en materia penal, contravencional y tutelar en los Juzgados del Menor de Edad y la Familia 3 y 4 de Resistencia, en los que están involucrados los adolescentes.

En Sáenz Peña ingresaron 610 expedientes, en Villa Ángela 266, en Charata 220 y en J.J. Castelli 400, lo que hace un total de 2.734 hechos que tuvieron como posibles autores a menores, sobre un total que se aproxima a 70.000 delitos denunciados. Estos datos son reveladores de porcentaje (4%) de participación de los adolescentes en el mundo de los delitos. O sea que los menores adultos y los adultos prevalecen ampliamente en la actividad delictiva. Sin embargo, los adolescentes están sometidos a un fuerte proceso de criminalización mediática y en la opinión pública, como una moderna forma de máxima exclusión cuando la comunidad debería actuar en sentido inverso, o sea de contención de nuestros pibes.

Ya no se puede ocultar que en un escenario social sumamente afectado por la inseguridad, últimamente se profundizó el proceso de criminalización de los adolescentes, fundamentalmente de los que forman parte de los sectores más pobres y excluidos, cuya caracterización en el escenario público se basa en el color de la piel, vestimentas y en su forma de expresarse o de conducirse en público.

En el esquema que se impulsa, sobresale la criminilización que progresivamente se intensifica a través de los medios de comunicación, que en muchas ocasiones es virulenta y replica y acentúa una matriz de pensamiento colectivo que estigmatiza a los adolescentes, hayan o no experimentado la violencia, las contravenciones y los delitos. Ya no se distingue entre pibes tranquilos y decentes de aquellos que son violentos y cometen delitos o contravenciones. La portación de edad y de pobreza instalan abiertamente la aplicación de la teoría del derecho penal de autor, que no está previsto en el Código Penal, aunque la policía lo lleve a la práctica. De esta manera, se profundiza la estigmatización de los pibes, que son presentados como adversarios o enemigos de la comunidad. Este penoso esquema ha sido instalado desde los poderes públicos y explotados por la policía para avanzar sobre los derechos, garantías, libertades públicas y privadas de los adolecentes, con un preocupante acompañamiento de sectores sociales que avalan la violencia institucional.

NIÑOS MALTRATADOS, ABUSADOS Y EXPULSADOS DE SUS FAMILIAS Y DE LAS ESCUELAS

La inmensa mayoría de adolescentes que experimentan la violencia y el delito vienen de una niñez en la que fueron víctimas de malos tratos y abusos en sus núcleos familiares, además de que debieron cumplir la función de proveedores de recursos económicos por la pobreza del núcleo al que pertenecen o para financiar sus adicciones. Algunos de ellos pasaron por verdaderas tragedias. Miles de familias, de amplios y vastos sectores sociales excluidos y no excluidos, fueron el caldo de cultivo de la violencia y de las adicciones de los jóvenes. En estos sectores incubó la violencia, que incluye la de género, pero que fundamentalmente victimizó a los pibes, que luego se iniciaron en las mismas prácticas, a las que luego sumaron las adicciones, al alcohol y al cigarrillo, para pasar rápidamente a los psico-fármacos y drogas. Estos adolescentes hoy terminaron por ser adictos a la violencia y al delito. En edad escolar, no fueron contenidos por el sistema educativo. Solamente se escucharon las denuncias de los directivos y docentes que reclamaban contra la inseguridad en los establecimientos escolares, pero el sistema no programó ni llevó adelante planes de inclusión educativa sin violencia y adicciones.

SOLUCIÓN MÁGICA

Producto de sufrir las consecuencias de la inseguridad, abiertamente alentado por dirigentes y gobernantes a través de la propaganda y de la publicidad oficial pagada, la comunidad se victimizó y reclama contra la puerta giratoria y por mano dura. Es entendible que propongan una solución equivocada porque fueron inducidos por los responsables, directos e indirectos, que son los titulares de los poderes públicos y de los organismos que debieran trabajar correctamente el tema de la seguridad social y pública. Desviaron la discusión y lateralizaron el debate entre sectores sociales, dividiéndolos por sus condiciones económicas, edades y lugares donde viven.

En vez de asumir sus responsabilidades y los fracasos en cada área de sus propias gestiones y responsabilidades, los dirigentes políticos y funcionaron públicos alentaron el debate para reducir la edad de imputabilidad de los menores, el aumento de las penas y limitar aun más las excarcelaciones, con la idea mágica de que la cárcel resolverá el problema de inseguridad, cuando en realidad las personas que pasan por cualquier comisaría, alcaidía o cárcel salen de allí con una mayor carga de violencia y con mejores condiciones para volver a cometer delitos porque estos establecimientos son verdaderas “escuelas de violencias y de delitos”, además de que son un infierno en la que ningún ser humano puede vivir y purgar una condena porque sus instalaciones están en ruinas, la superpoblación de presos es la matriz y los malos tratos son la moneda diaria de convivencia entre carceleros y presos, que cumplen condenas malcomidos, viviendo en celdas y pabellones ganas das por las pulgas e insectos, en los que el tráfico y el consumo de drogas y psico-fármacos es la diaria. Las cárceles son verdaderos infiernos en la tierra; por lo tanto, están lejos de cumplir con la tarea de resocialización y de re-educación de aquellos que cometieron delitos. Por el contrario, alientan más violencia y más delitos. Mientras tanto, los poderes públicos y los organismos creados para trabajar la seguridad operan muy mal.

Y los más grave, es que no trabajan sobre las causas de la violencia y del delito, que se debe realizar para revertir la actual inseguridad través de políticas y de programas sociales, sanitarios y educativos eficientes, haciendo foco en las familias en crisis y los establecimientos escolares que vienen fracasando, o sea que en el gobierno y en la comunidad deben darse profundos cambios para el abordaje y solución de la problemática de los adolecentes en conflicto con las leyes contravencional y penal.

EL ESTADO

El Área Penal del Departamento Adolescencia de la Dirección de Niñez, Adolescencia, Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social opera con adolescentes de 14 a 18 años que son infractores de las leyes contravencional y penal, en las modalidades de libertad asistida y del régimen semi-abierto. La gestión se concreta en el Centro Socio Educativo Juvenil, ubicado en Arturo Illía Nº 1313.

En relación al sistema de libertad asistida, 18 de junio de este año efectuaron el seguimiento de 689 adolescentes con medidas tutelares, interviniendo en el 83,43 % de los casos que ocurrieron en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, de acuerdo a 4 zonas estratégicas (norte, sur, este y oeste), delimitadas por calles y barrios en cada una de estas ciudades, estableciendo el número de adolecentes en conflicto según sus domicilios. Son 458 los adolescentes punibles y 211 los no punibles .El gráfico que confeccionaron expresa la distribución territorial de los adolecentes en conflicto.

En cuanto al interior de Chaco, se abordaron algunas de las localidades entre las que figuran Presidencia de la Plaza, Margarita Belén, Puerto Tirol, Basail, Colonia Benítez, Puerto, Bermejo, La Leonesa, Las Palmas, La Verde, Lapachito, Makallé, La Escondida, Charadai, Isla Del Cerrito. El restante territorio provincial todavía no fue abordado.

Gráfico del Área Penal, Dpto. Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social

LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES IMPUTADOS A LOS ADOLECENTES

Los adolecentes en conflicto están imputados por los siguientes delitos y contravenciones: homicidio: 5 casos; homicidio, en grado de tentativa: 2; homicidio, en grado de co-autor: 1; lesiones: 27; lesiones graves: 6; delito contra la integridad sexual: 11; encubrimiento: 3; robo a mano a armada: 29; robo: 115; robo, en grado de tentativa: 22; robo a mano armada con violencia en las personas: 4; robo con violencia en las personas: 8; supuesto robo calificado: 3; supuesto robo agravado: 1; hurto: 80; hurto, en grado de tentativa: 34; hurto simple: 6; hurto agravado: 4; supuesto hurto de ganado mayor: 8; daño: 27; daño a la propiedad del Estado: 10; resistencia y atentado con la autoridad: 17; tentativa de secuestro: 2; amenazas: 6; amenazas con arma blanca: 1; portación de armas de fuego: 5; abuso de armas de fuego: 6; medida tutelar: 44; medida proteccional: 68; eleva actuaciones: 6 y infracción al Código de Faltas: 144. El gráfico que sigue refleja los delitos cometidos por menores o en vía de investigación.

Gráfico del Área Penal, Dpto. Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social

DESERCIÓN ESCOLAR, ADICCIONES Y DELITOS

En lo relativo a la educación de los adolecentes en conflicto con la ley, específicamente analizados desde el esquema de educación formal (escolaridad), según los datos recabados mediante visitas domiciliarias e intervenciones del Área Penal del Departamento Adolescencia de la Dirección de Niñez, no asisten al colegio un total de 111 adolescentes. 99 están en el sistema educativo, de los cuales 43 cursan el nivel primario y 56 el nivel secundario. Este es un dato sumamente revelador y elocuente para reflejar la incidencia negativa de la crisis o del fracaso del sistema educativo, que no solamente no es formador, sino que no es contenedor, que sumado a la fragmentación familiar generan el caldo de cultivo para que los adolecentes experimenten la violencia, las adicciones, las contravenciones y los delitos. Cabe aclarar que respecto a los datos de educación, resta corroborar la objetividad de los datos recabados en las visitas domiciliarias, como también falta explorar el rendimiento y la conducta de los adolescentes en las escuelas.

El Área Penal del Departamento atribuye la gran deserción escolar “a la falta de acompañamiento por parte de los padres, quienes prefieren que sus hijos los ayuden en la mantención económica de la familia, realizando changas como ser ventas en la vía pública, de trapos de piso, tarjetas, etc. atento a que pertenecen a hogares de bajos recursos”. Identificaron, como otros factores de deserción escolar, que “el 80% de los adolescentes están inmersos en el consumo de sustancias toxicas (marihuana, pastillas, cocaína, alcohol), algunos ya son padres de familia, otros manifiestan desinterés en retomar sus estudios. Son jóvenes sin visualización de proyectos de vida a futuro. 212 adolescentes se encuentran realizando trabajos en forma precarizada o irregular (changas)”. A través de las visitas domiciliarias y de sondeos vecinales, concluyeron que “de la población total de adolescentes, con los cuales se trabaja, 586 de ellos han tenido o tienen problemas de consumo de sustancias toxicas”.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO JUVENIL

El Centro Socio Educativo Juvenil, ubicado en Arturo Illia Nº 1313, se puso en funcionamiento el 9 de enero de 2013. Han recepcionado un total de 246 adolescentes, con un porcentaje de reincidencia del 19,5%. Este Centro reemplazó al mítico y nefasto Centro de Orientación del Adolecente “Juan Pestalozzi”, cuya historia negra pasó bastante desapercibida para la comunidad. Algunos de los que pasaron por este recinto son avezadas y experimentadas personas que se destacan por sus altos niveles de violencia y de orientación hacia las contravenciones y los delitos. Los efectos criminógicos del “Pestalozzi” hasta ahora son incalculables, pero muy concretos y tangibles. Este Centro fue una “escuela de violencia y de delitos”, salvo muy pocos períodos que contrató con etapas de administración y gestión apropiada de dicho establecimiento.

http://www.diariochaco.com/noticia/criminalizacion-de-los-adolescentes-en-chaco-sobre-70-mil-delitos-en-2013-solo-el-4