Un grupo de 600 presos procesados y condenados de la Cárcel de Bouwer iniciaron ayer una huelga de hambre. 

Anoche se tomó conocimiento que a la protesta se adhirieron al menos 250 internas que permanecen alojadas en la Cárcel de Mujeres, que funciona en el mismo complejo penitenciario. 

Los presidiarios que iniciaron ayer la medida de fuerza rechazan la vigencia de la llamada «Ley Blumberg», que modificó el Código Penal, y permite a los magistrados nacionales endurecer las sanciones a través del dictado de penas de hasta 50 años, al sumar condenas por cada uno de los hechos cometidos por cada imputado. 

El secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Raúl Pino (dependiente del Ministerio de Justicia de Córdoba), explicó que los reclamos de los presos «están fuera» de las facultades del Gobierno provincial. 

El funcionario añadió que los reclamos eran «difusos» y que los reclusos no efectuaron un pedido por escrito y concreto. «De recibirlo, enviaremos copias de esos reclamos a las autoridades que corresponden, que son el Poder Judicial y el Legislativo», dijo Pino. 

Pino afirmó que la comitiva de funcionarios que acudió al penal tomó conocimiento in situ de la protesta durante una reunión con los directivos del establecimiento, al tiempo que afirmó que no existe “un petitorio” pese a que los reclusos buscan que se les disminuyan las penas. 

Bouwer es una cárcel moderna, inaugurada en el 2003 por el gobierno provincial, donde el gobernador Juan Schiaretti anunció que solicitó a la Nación que financie un proyecto de 60 millones de pesos para duplicar su capacidad.