El canciller venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que «una mafia internacional» maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), al defender los «argumentos morales» y «jurídicos» de su país para retirarse de esos organismos.
«Hay experiencia de denuncia y retiro de países y continúa la vida, inclusive mejor», declaró Maduro al aludir a la decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, de encomendar al Consejo de Estado el estudio del retiro de la «tristemente célebre» CIDH.
El canciller no precisó, sin embargo, cuándo Venezuela abandonará estos organismos e indicó que será el Consejo de Estado el que evalúe los argumentos expuestos por Chávez y proponga «la decisión que, en definitiva, deba adoptar el Gobierno» venezolano.
Citó, en este contexto, el caso de Trinidad y Tobago, que, según dijo, en el año 1998 denunció «también por razones nacionales» el Pacto de San José.
Chávez pidió el lunes pasado a su vicepresidente, Elías Jaua, que se acelere la instalación del Consejo de Estado, un organismo que, según la Constitución, se encarga de recomendar políticas de interés nacional al jefe de Estado, para que en los «próximos días (…) ni siquiera semanas» le «dé una recomendación bien sustentada».
Según el jefe de la diplomacia venezolana, estas instituciones que dependen de la Organización de Estados Americanos (OEA), «prácticamente las controla una mafia internacional, que se reciclan entre sí y que responden a los intereses de la política hegemónica de los Estados Unidos hacia la región».
«Venezuela tiene suficientes argumentos morales, jurídicos, para defender nuestra soberanía», agregó Maduro.
El canciller dijo entre 1969 y hasta el año 2000 se contabilizaron cinco casos a pesar de que hubo desaparecidos políticos, mientras que desde la llegada de Chávez al poder «han admitido 36, la mayoría de ellas sin sustento jurídico, sin haber agotado las instancias nacionales, judiciales, administrativas, entre otras».
Esgrimió, igualmente, una carta dirigida por el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, durante el golpe de Estado que en abril de 2002 derrocó durante unas 48 horas a Chávez del poder, que consideró reconocía «el Gobierno dictatorial que se pretendía imponer».
En la misiva Cantón se dirigía a José Rodríguez Iturbe como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela tras una petición formulada por una ONG para advertir que Chávez era mantenido «incomunicado y aislado».
Asimismo, criticó que esos organismos hayan pretendido imponerse «al ordenamiento jurídico interno» y decirle a los venezolanos «qué debe legislar» su Asamblea Nacional.
«Han pretendido convertirse en una especie de tribunal supranacional que va a revisar las decisiones de nuestro ordenamiento jurídico interno», agregó, y advirtió sobre «el caos» que se generaría si un organismo «extralimitándose en sus funciones» pretende decir a los tribunales qué decisión está apegada a la ley.
Fuente: http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-02/venezuela-dice-que-a-cidh-1
