La Cámara de Casación Penal, un tribunal que ha ganado protagonismo en los últimos tiempos, es en estos días territorio de una disputa feroz por quién ocupará el sillón de presidente el año que viene. La pelea está, por ahora, encarnada en las figuras contrapuestas de dos de sus jueces y, por quiénes son, encierra un gran contenido simbólico: de un lado, Alejandro Slokar, uno de los integrantes más nuevos del tribunal, referente originario del movimiento judicial crítico Justicia Legítima; del otro, Liliana Catucci, una de las juezas más antiguas de Casación, nombrada en la época en que Carlos Menem inauguró la cámara, veinte años atrás. La elección interna será el 3 de diciembre.

Slokar, un penalista zaffaroniano que llegó a juez de Casación primero en el orden de mérito en 2011, es actualmente vicepresidente del tribunal, que está presidido por Gustavo Hornos, quien lo integra desde 1995. Catucci es todavía anterior a Hornos, de la época en que se llegaba a la toga a dedo, sin concurso. Entró a Casación a último momento, cuando se produjeron dos bajas entre los trece candidatos iniciales por un conflicto de poder con la Corte. Su hermana era entonces secretaria del supremo Ricardo Levene. Desde siempre, Catucci ha hecho gala de una concepción restrictiva del derecho y las garantías que hace sentir en sus fallos.

La designación de Hornos en 2012 no fue conflictiva. Fue avalado por unanimidad. Nunca había presidido antes porque la única vez que le tocaba, hace años, sus colegas le avisaron que carecía de apoyo. El reglamento de Casación dice que su presidente debe ser elegido antes del 20 de diciembre de cada año “observando el orden de ingreso al tribunal”. Durante estos veinte años, los presidentes se fueron designando así, por el orden en el que fueron ingresando y una vez que terminaba la ronda volvían a empezar. Si desembarcaba alguien nuevo sería el último de la fila.

El año pasado, los jueces acordaron designar a Slokar vicepresidente primero y a Mariano Borinsky vicesegundo, porque todo el tribunal daba por hecho que serían los próximos presidentes, y lo serían en ese orden, en el que fueron nombrados. Después vendrían Ana María Figueroa y Juan Gemignani. Son los cuatro últimos que se incorporaron a la Cámara, nombrados por Cristina Kirchner. Sin embargo, hace pocas semanas Catucci empezó a tener reuniones reservadas con ciertos colegas y echó a rodar la teoría de que por la antigüedad le toca a ella ser presidenta, y todo indicaría que tiene algunos apoyos.

Sobre fines de 2012, cuando el pleno de Casación arribó a ese acuerdo basado en el reglamento, apenas se insinuaba lo que sería Justicia Legítima. Slokar fue uno de sus impulsores, cuando cerca de 600 funcionarios judiciales, fiscales, defensores y académicos publicaron una solicitada en los diarios donde cuestionaban clásicos conceptos y comportamientos corporativos del sistema judicial. Inevitablemente esto los posicionaba como contracara de la tradicional Asociación de Magistrados y debilitaba el liderazgo de Ricardo Lorenzetti, desde la presidencia de la Corte Suprema, que venía sosteniendo el discurso de que los jueces eran una unidad y tenían que seguir cohesionados.

En aquel entonces, ya subrogaba desde un año antes en Casación quien es el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, juez de tribunal oral. Cabral fue denunciado junto con todos los colegas que avalaron su nombramiento transitorio sin que mediara sorteo alguno ni intentar que subrogue otro juez del tribunal. Para justificar la designación y su permanencia, Catucci llegó a inventarle en un plenario la categoría de “subrogante permanente”. Casualmente, la semana pasada, la jueza María Servini de Cubría cerró la causa penal, que abarcaba todos los jueces de Casación menos a Slokar, Ledesma y Pedro David (que no habían respaldado esa subrogancia). Ahora, sin manchas penales, cualquiera podrá aspirar a la presidencia.

En la discusión por el trono, hoy por hoy lo que se evidencia es una puja entre dos sectores, parejos en número: uno quiere o acepta a Slokar en la cúpula, de acuerdo con el reglamento vigente, y el otro quiere impedirlo, ya sea impulsando a Catucci o tal vez a otro camarista. Para los segundos, se avizora un escenario que les parece escandaloso: la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es una figura clave de Justicia Legítima; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, también ha sido impulsora y oradora de muchos eventos de la agrupación; la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, que además será la presidenta de la nueva Casación ordinaria, es la presidenta de Justicia Legítima. Sólo falta que Slokar presida la Casación Federal para pensar que el sistema judicial podría empezar a transformarse y democratizarse.

La Cámara de Casación Penal fue multiplicando su protagonismo con el correr de los años, especialmente a partir de que hubo más y más juicios orales, ya que una de sus funciones primordiales es revisar las sentencias. La Cámara hizo una de sus demostraciones de poder cuando se reanudaron los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ejerciendo una capacidad de bloqueo que los demoró varios años en algunos casos. Casación puede resolver cuestiones excepcionales antes de un juicio, define sobre privaciones de libertad y puede desarrollar doctrina.

Slokar, por ejemplo, firmó una importante sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua para los menores de edad, una limitación prevista por los pactos internacionales que la Argentina venía ignorando. Este juez, profesor en la UBA y ex secretario de Política Criminal con Néstor Kirchner, también reivindicó en un fallo la teoría de la “insignificancia” en el caso de un señor que se había llevado un kilo de palomita de un supermercado sin pagar, porque no tenía plata, estuvo cuatro años en juicio y fue condenado a 15 días de prisión. Casación consideró irracional y violenta esa persecución.

Catucci vio dificultada su vida académica cuando tras el retorno democrático no pasó el examen para profesora adjunta. En el Poder Judicial fue tanto jueza como camarista. En Casación, entre sus célebres fallos, es recordado el que anuló una sentencia que condenaba a tres skinheads que golpearon al joven Claudio Salgueiro mientras gritaban “muerte a los stones, muerte a los rockeros, muerte a los judíos”. Para Catucci y sus colegas ya retirados (Alfredo Bisordi y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso), era un grito confuso, “no puede saberse –dijeron– si el ataque a Salgueiro obedecía a que era parte de una banda de stones, porque era rockero o por una pertenencia racial”. El verano pasado rechazó la prisión domiciliaria en la causa Cromañón para Ana María Fernández, una ex funcionaria de fiscalización, que pedía ese beneficio porque estaba amamantando a su bebé. Pero Catucci y sus compañeros le dijeron que no porque, como su pareja también es mujer, había otra madre disponible para ocuparse del chiquito, argumento que reprobó la Corte.

En estos días en Casación se negocia en los despachos. Catucci, cuentan en el tribunal, ha pasado varias horas de gran charla con Gemignani. Hornos pregona que intentará una salida institucional y pacífica. Por el momento, se contaría entre los apoyos a Slokar, junto con Ledesma, David y Borinsky. La candidatura de Catucci es, dicen algunos de sus colegas, una promoción de ella misma, pero podrían apoyarla Gemignani, Figueroa, Eduardo Riggi y posiblemente Cabral. Así las cosas hay empate. Cinco a cinco si los postulantes se votan a sí mismos. Pero necesitan seis votos. El único con capacidad de votar doble para desempatar es Hornos. Gemignani es mencionado como otro nombre posible, el hombre al que fogonea Lorenzetti desde la Corte. En la vereda opuesta sostienen a rajatabla que para designar a Catucci o a Gemignani tendrían que cambiar el reglamento. ¿Tiene poder real un presidente de Casación? Sí, además del doble voto, define nombramientos de subrogantes en tribunales orales, designa cuartos jueces en los juicios orales, asigna salas, puede dar instrucciones y apurar a los tribunales orales, maneja los sumarios administrativos, las subrogancias en Casación (donde hay cuatro vacantes) y es nexo con otros poderes del Estado. Es mucho en tiempos en que el universo judicial empieza a protagonizar una suerte de desconcentración. ¿Será que la desmonopolización también puede llegar a la Justicia?