Frente a los recientes anuncios e intentos de impulsar un juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, expresamos nuestro más firme rechazo a estas medidas y manifestamos nuestro total respaldo a la magistrada.
Sostener el funcionamiento democrático exige comprender que las decisiones de los jueces se cuestionan e impugnan exclusivamente a través de las vías recursivas previstas en las normas, y no mediante mecanismos de hostigamiento mediático, presión política o amenazas de destitución. Un juicio político por los fundamentos jurídicos de una sentencia constituye un peligroso antecedente que debilita las instituciones y lesiona de forma directa la independencia judicial y la división de poderes en una república.-
El fallo dictado por la Dra. De Marinis, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801, en el caso concreto, se encuentra plenamente ajustado a derecho. Su resolución, por medio de la cual dispone que el abordaje al joven involucrado (por un delito de tentativa de robo) se realice a través del organismo de promoción y protección de derechos y no mediante el sistema penal, representa el ejercicio legítimo del control de constitucionalidad y de convencionalidad que los magistrados están obligados a realizar, armonizando las leyes locales con la Constitución Nacional, la Convención de Derechos del Niño, los tratados internacionales de DDHH, y el resto del corpus iuris de este fuero especial
Hacemos un llamado a reafirmar y defender categóricamente la plena vigencia de la división de poderes y la independencia judicial, para que los magistrados puedan ejercer su función con absoluta libertad, autonomía e imparcialidad, sujetos únicamente a la Constitución Nacional y las leyes, sin condicionamientos, intimidaciones ni amenazas por el contenido de sus decisiones, aun cuando resulten incómodas.
Cualquier intento de interferir, presionar o ejercer represalias sobre los jueces por el sentido de sus pronunciamientos constituye una afectación inadmisible de la independencia del Poder Judicial y de las bases mismas del sistema republicano.
