La discusión sobre si el futuro Código de Contravenciones Policiales debe servir como herramienta para prevenir delitos es uno de los ejes que divide las aguas entre los legisladores. En este contexto, representantes de organismos de defensa de los derechos humanos expresaron su perspectiva. Y dejaron en claro que la nueva norma debe tener por fin mejorar la convivencia social. «Se especula con que si se lucha paso a paso contra los pequeños desórdenes de la vida cotidiana se logrará desalentar las conductas desviadas, y con ello se habrá logrado retroceder el delito. Es aquí cuando aparece el control actuarial o policial; es decir, aquel control que tiene como punto de partida la identificación de las categorías sociales peligrosas o productoras de riesgo, la visualización de los colectivos de personas problemáticas», dijo Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de Seguridad y Derechos Humanos de Andhes.

La norma que regula el proceso y las sanciones para contravenciones policiales ha sido señalada como inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación en 2010. Hoy, en la Cámara hay diversas iniciativas para reformarla. Incluso, el bloque oficialista se ha dividido en tres para abordar el tema, y la propia Policía está trabajando para enviar un proyecto de ley.

Hay varios puntos de debate, y uno de ellos es si el nuevo Código debe servir para prevenir delitos, como pidió el comisario Jorge Racedo, jefe de la fuerza.

Con diferentes matices, Marcelo Caponio (PJ), Ricardo Bussi (FR) y otros parlamentarios comparten esta postura. Otros, como Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), Jesús Salim (PJ) y Ariel García (UCR), insisten en que no debe tener ese espíritu.

Al opinar sobre el tema, la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán criticó la postura del primer grupo enunciado; en particular de Bussi, que instó a privilegiar los derechos humanos «de la gente de bien» por encima de quienes delinquen. «Resulta cuanto menos una incongruencia que este señor, que detenta un cargo legislativo, considere que la Policía puede, de manera arbitraria, quitar la libertad ambulatoria», dijo Marta Rondoletto, titular de la fundación. Y añadió: «el flagelo de la inseguridad requiere discusiones de mayor envergadura que establezcan políticas de seguridad democráticas, en las que se deberá considerar la reforma de la institución policial, cuyo actual accionar sigue basado en la Ley Orgánica instrumentada el 30 de junio de 1970 con un gobierno militar».

Lorenzo Pisarello advirtió los riesgos de catalogar sectores como «clases peligrosas». «Ninguna política pública de seguridad puede basarse en la negación de derechos y garantías que tiene todo ciudadano; tampoco se debe creer que derechos o garantías constituyen un obstáculo para obtener seguridad. El respeto a los derechos humanos es una condición de toda política de seguridad y no un obstáculo para alcanzar sus objetivos», aseguró el abogado.