La Asociación Pensamiento Penal apoya plenamente la presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizada por los defensores generales de la provincia de Buenos Aires, vinculada con la violación de los derechos fundamentales de las personas alojadas en los centros de detención bonaerenses.
Los defensores se presentaron por vía de habeas corpus en la justicia provincial reclamando por el incumplimiento de los estándares fijados por la Corte Suprema el 3 de mayo de 2005 al resolver la causa “Verbitsky”, en particular, la persistencia de la violación de dichos estándares y el agravamiento comparativo de la situación que había motivado aquella sentencia, así como el retroceso en aspectos que venían siendo cumplidos. Ante la declaración de improcedencia del reclamo, interpusieron recurso extraordinario federal que también fue rechazado.
Tal como APP ha sostenido en múltiples oportunidades y, en especial, al acompañar como amicus curiae la denuncia por incumplimiento de la sentencia del caso “Verbitsky” que el Centro de Estudios Legales y Sociales realizara ante la Corte Suprema en 2010, desde hace muchos años la provincia de Buenos Aires viola sistemáticamente los derechos de los privados de libertad en sus centros penitenciarios y comisarías, circunstancia que no se ha visto modificada con aquella trascendente sentencia.
Entre los principales motivos que generan el empeoramiento de la situación, no podemos dejar de mencionar el uso indiscriminado de la prisión preventiva y el dictado de penas cada vez más elevadas, así como la reducción de alternativas al encarcelamiento, producto de las reformas espasmódicas de la ley procesal y de las fuertes campañas inspiradas en el populismo punitivo que prometen falazmente que mayor encarcelamiento redundará en una mejora en los niveles de seguridad ciudadana.
El hacinamiento de las cárceles bonaerenses propicia la persistencia de condiciones inhumanas de detención y facilita la perpetración de hechos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, tanto en comisarías como en establecimientos penitenciarios.
La República Argentina ya fue advertida por organismos internacionales en múltiples oportunidades respecto del hacinamiento y tortura sistemática que se registra en los centros de encierro de la provincia, entre los que cabe citar el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU (junio 2010), el comunicado del Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuado tras su visita a nuestro país en 2011, y el informe emitido por el Subcomité de Naciones Unidas contra la Tortura tras visitar nuestro país en abril de 2012.
Ante la evidencia de la caótica situación en las cárceles bonaerenses, la dirigencia política apuesta a más cárcel y propone la construcción de nuevas prisiones como una salida posible, lo que sumado a las políticas punitivistas impulsadas, sin duda alguna seguirán empeorando el panorama.
Frente a ello, el Poder Judicial, como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, sobre todo de los grupos más vulnerables, no puede permanecer ajeno y hacerse a un costado, sino que debe asumir su función con responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias. La decisión de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires va a contramano de esta idea y procura desentenderse del asunto.
APP confía en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocará la decisión de la Corte provincial y fijará estándares que permitan, de una vez por todas -y acercándonos a los diez años del dictado del fallo “Verbitsky”- asegurar un mejoramiento de la situación de las personas encarceladas en la provincia.
8 de septiembre de 2014
Más información, la resolución de la Corte bonaerense y la queja de los defensores puede ser consultada aquí
