La Asociación Pensamiento Penal celebra el dictado de la resolución de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la que se remueven obstáculos para que las personas que cuentan con antecedentes penales puedan acceder al empleo en el ámbito de esa repartición.

La circunstancia de haber cumplido una condena no puede constituir un estigma que se cargue de por vida, en forma accesoria a la pena, dificultando el acceso al derecho constitucional al trabajo y ganarse la vida de manera digna. No se puede perder de vista que, en el caso de empleo público, el único requisito para acceder es el de la idoneidad para el desempeño en el cargo y que las reglamentaciones no pueden desnaturalizar los claros mandatos constitucionales.

La medida adoptada por la Procuración debe ser seguida por el resto de las reparticiones estatales, que son las que tienen el primer compromiso con los liberados, pero también es preciso que la sociedad civil se sensibilice con la difícil situación en las que son colocadas las personas que egresan de una prisión y que tienen objetivos impedimentos de reinserción en general y de conseguir trabajo en particular..

La sociedad democrática debe abandonar este y otros estereotipos que solo sirven para profundizar la discriminación y las brechas que separan a los habitantes de una misma Nación.

15 de julio de 2014