La Asociación Pensamiento Penal, capitulo Córdoba, manifiesta su profunda preocupación por los procedimientos efectuados por la policía de la provincia de Córdoba a los fines de cumplimentar orden de desalojo judicial en el predio del barrio comunitario Parque la Esperanza, de la localidad de Juarez Celman.

La medida judicial ordenada, implicó la violación de numerosos derechos humanos de las personas del barrio comunitario Parque la Esperanza, bajo el pretexto de hacer prevalecer a ultranza la norma penal despojada ésta de todo contexto social, en desmedro de la Constitución (art. 14 bis.) y  los  estándares de Derechos Humanos vigentes (art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos – DUDH y art. 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC). El actuar la ley penal de esta manera fue lesivo, no solo de aquellos que sufrieron en carne propia el más indigno atropello en Estación Juárez Celman, sino de la sociedad en su conjunto.

Quienes tienen a su cargo la administración de justicia penal deben asumir que están frente a un conflicto social y que el cumplimiento de la ley penal nunca puede ir en desmedro del respeto –mínimo- a los derechos constitucionales y convencionales. Así, luego de cuatro años de vaivenes judiciales, estimamos que no había premura en hacer efectivo el desalojo de más de cien familias en uno de los días más fríos del año. Destruir sus viviendas con una topadora y dejarlas al desamparo, mientras familias enteras observaban en presencia de niños y niñas, puede ser considerado un acto cruel e inhumano.

Sabemos que la problemática se enmarca en un conflicto habitacional de mayores dimensiones frente al cual las autoridades judiciales y el Gobierno Provincial y Nacional tienen que buscar alternativas pacíficas que puedan garantizar el acceso a las familias a una vivienda digna, como así también a una vida en la que puedan acceder a los servicios mínimos a indispensables.

Párrafo aparte merece el accionar de la policía. La orden judicial emitida no justifica la excesiva violencia empleada. La policía de Córdoba ha demostrado que no posee la capacidad de gestionar conflictos en el marco del respeto a las garantías constitucionales, ya que intervino incentivando la violencia y utilizando una fuerza desmedida.

Instamos a las autoridades a que brinden respuestas adecuadas a las familias desalojadas, a que se investigue si existieron responsabilidades judiciales y policiales por mal ejercicio de las funciones públicas, y a que se capacite a los diferentes actores que intervienen en el proceso penal para poder abordar estos conflictos sociales desde una perspectiva que sea respetuosa de los derechos humanos.