El miércoles pasado se realizó la Asamblea Anual del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura convocada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismo locales y la participación de organizaciones de la Sociedad Civil y miembros de Ministerios Públicos, Poderes Judiciales y otros organismos públicos involucrados en la prevención de la tortura. El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Conti ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos.
La Asociación Pensamiento Penal estuvo presente en la Asamblea con integrantes de los capítulos de Chaco, Salta, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén y Chubut. También participaron las áreas de Política Penitenciaria; Niñez y Adolescencia, el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal y el Sistema de Control de Cárceles.
La jornada comenzó con un panel integrado por Jorge D’ Agostino, presidente del Comité Nacional; Gustavo Iglesias, defensor público; Brian Schapira, subsecretario de Derechos Humanos de Nación; Fabricio Imparado, presidente del Mecanismo local de Mendoza; Noemí Labrune, de la APDH de Neuquén; Dante Leguizamón, del Mecanismo de Paraguay, José de Ribamar de Araujo e Silva, del Mecanismo de Brasil y Francisco Mugnolo, procurardor penitenciario.
La apertura estuvo a cargo de Jorge D ‘ Agostino, quien dio unas palabras de bienvenida dirigidas a la asamblea y posteriormente brindó detalles de la gestión del primer año del Comité.
Posteriormente, la asamblea se dividió en 4 grupos de trabajo donde se abordaron los siguientes temas: Servicio Penitenciario bonaerense y Federal; Servicio Penitenciario de las demás provincias; violencia policial; niñez y salud mental.
Durante la mañana y primeras horas de la tarde, los grupos establecieron un diagnóstico de cada situación y establecieron acciones para llevar a cabo con propuestas referidas a los distintos problemas observados.
Luego, la asamblea volvió a reunirse y hubo una puesta en común de cada grupo lo que resultará en un documento que será publicado en el informe anual del Comité.
Asimismo, el grupo que abordó la problemática de Buenos Aires, propuso hacer un pedido de Justicia para las personas que estaban alojadas en la comisaría 3ra. de Esteban Echeverría y murieron tras producirse un incendio. “Las muerte se produjeron bajo custodia del Estado, hay que adoptar medidas urgentes para prevenir futuras tragedias. Estos hechos son consecuencia de la política criminal efectuada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires que genera un gran incremento del encarcelamiento y con ello el alojamiento ilegal de personas en comisarías, la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento con todas las violaciones de derechos que de éste se desprenden”, se argumentó.