La Asociación Pensamiento Penal manifiesta su rechazo al proyecto de ley que propone la baja de la edad de responsabilidad penal.
El proyecto resulta incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, implica un retroceso en relación con los estándares jurídicos vigentes y omite abordar las profundas causas estructurales vinculadas al actual contexto social, político y económico que deriva en recortes de programas destinados al desarrollo de las poblaciones más vulnerables, especialmente niñas, niños y adolescentes.
Lejos de brindar una solución efectiva, el proyecto ofrece una respuesta meramente superficial al ignorar datos estadísticos oficiales, tanto de jurisdicción provincial como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relevados en la Base General de Datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nos alarma que se intente enfrentar la situación de vulnerabilidad que afecta a niñas, niños y adolescentes —en muchos casos generada o agravada por el propio Estado— mediante una lógica punitiva y criminalizante. Este enfoque no solo es ineficaz, sino también profundamente injusto.
Consideramos especialmente preocupante el carácter abiertamente electoralista de este proyecto, evidenciado en su impulso sin haber promovido un debate democrático, amplio y profundo que incluya a todas las voces con conocimiento y experiencia en la materia. Un debate serio sobre este tema debe estar libre de intereses coyunturales, ajeno a la lógica electoral y distante de la espectacularización de casos aislados.
Un abordaje serio de esta problemática requiere el tratamiento de asignaciones presupuestarias específicas y la implementación de políticas públicas integrales. Para abordar verdaderamente los problemas que este proyecto dice querer resolver, es imprescindible enfrentar de raíz las condiciones que atraviesan hoy las adolescencias. Se trata de un contexto marcado por la ausencia de regulación estatal sobre problemáticas que los afectan directamente —como el consumo, las apuestas, la salud mental, el acceso a redes y la desprotección generalizada— y atravesado, además, por altos niveles de pobreza. Este escenario crea condiciones especialmente propicias para la captación de adolescentes por parte de organizaciones criminales, un fenómeno muchas veces facilitado por la connivencia o la inacción de sectores del poder político.
El camino que abre esta clase de propuestas —lamentablemente no nuevas— representa el riesgo de una criminalización progresiva de sectores sociales cada vez más jóvenes, hipotecando no solo su presente, sino también su derecho al desarrollo y a un futuro digno.
No desconocemos la necesidad de intervención estatal ante situaciones conflictivas. Existen mecanismos institucionales para ello, y deben ser aplicados con firmeza y responsabilidad. Sin embargo, el sistema penal no es una herramienta adecuada para personas de tan corta edad: su aplicación en estos casos solo profundiza la exclusión social.
El Congreso de la Nacion debe cumplir las obligaciones asumidas con jerarquía constitucional y construir políticas públicas genuinamente orientadas a la protección y promoción de derechos de la niñez y adolescencia.
