La Asociación Pensamiento Penal expresa su categórico rechazo a las expresiones vertidas por el Procurador General, Julio Conte Grand, donde calificó como “desvíos” y “miserias humanas” a los pedidos de arrestos domiciliarios y otros “beneficios” (según sus propias palaras) de personas privadas de la libertad que no se encuentran incluidas en las poblaciones de riesgo.

La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Casación Penal bonaerenses no ha duda de calificar a la situación penitenciaria como una verdadera emergencia humanitaria, instando a los operadores judiciales a disminuir el nivel de encarcelamiento para evitar consecuencias graves y, en esa misma dirección, la propia Procuración ha dado pautas de actuación para flexibilizar los criterios frente a pedidos excarcelatorios o de arrestos domiciliarios o morigeradores de la prisión.

En este contexto aparecen incomprensibles las expresiones del señor Procurador, resultando curioso tener que recordarle que no solamente las personas privadas de la libertad en situación de riesgo frente a la pandemia pueden ser beneficiarias de alternativas a la prisión, sino también miles de mujeres y hombres que pueblan las cárceles de la provincia innecesariamente, por delitos de bajo riesgo, pero muchísimos también bajo el régimen de la prisión preventiva, con la presunción de inocencia intacta.

También es llamativa la poca prudencia del señor Procurador, ya que sus expresiones fueron dadas en una conferencia virtual a fiscales, defensores y asesores de la provincia de Buenos Aires, generando una riesgosa confusión de roles entre actores judiciales (fiscales y defensores) que tienen distintas funciones en el proceso penal. La Constitución de la provincia adhiere al vetusto modelo del Ministerio Público unicéfalo, donde el Procurador dirige tanto a fiscales como defensores. No obstante, resulta del todo inconveniente que el jefe de los fiscales de instrucciones a los defensores sobre el modo de actuar para el ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad, en franca colisión con múltiples garantías constitucionales.