Ayer, el Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto conocido como “ley de excarcelaciones”. La propuesta, impulsada por el gobernador Daniel Scioli, impide la excarcelación cuando el detenido esté en posesión de armas de fuego ilegales y se resista a la autoridad policial o judicial.

El proyecto fue votado por los senadores del Frente para la Victoria y de los bloques de la UCR y Unión Pro Peronista.

La ley reforma el Código de Procesamiento Penal de la Provincia  y establece que “en ningún caso se concederá la excarcelación, cuando hubiera indicios vehemente de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148. El Juez podrá considerar que concurren esos extremos cuando, en los supuestos de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.

Este proyecto remplazaría a una iniciativa anterior que fue aprobada por la legislatura provincial pero suspendida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a partir de presentaciones de la Comisión por la memoria y el Cels.

Al presentar el proyecto el gobernador Scioli dijo que buscaba “actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”.

Si bien el proyecto modificó la redacción original, la Comisión Provincial por la Memoria considera que no se modifica su propósito.

Rodrigo Pomares, Director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la CPM dijo a Infojus Noticias: “La única diferencia es que ahora en lugar de ponerle términos imperativos lo pone en potencial. Nosotros consideramos que este es un paso atrás porque sigue profundizando una línea que transforma la prisión preventiva en una regla”.

Pomares señaló que “la legislación no tiene un solo sentido, las legislaciones que se van generando son mensajes para los jueces. Este es un mensaje negativo.”

Otra crítica al proyecto que se hace desde la CPM es que brinda mucho poder a las autoridades policiales que son las que informan al juez sobre la presunta resistencia a la autoridad por parte de un detenido.

“Todos los tratados de Derechos Humanos establecen que para que haya una medida de privación de la libertad tiene que haber una condena. La prisión preventiva es un instituto que debe ser usado de manera excepcional. Esta reforma la profundiza como regla y lo único que hace es que una persona inocente o cuya culpabilidad no ha sido demostrada vaya a una cárcel como las de la Provincia de Buenos Aires”, concluyó Pomares.

Al mismo tiempo, la Asociación de Pensamiento Penal denunció hoy que al mismo tiempo que se impulsa una política que aumentará la población carcelaria “jueces y defensores de distintas jurisdicciones han detectado con precisión la falta de provisión de alimentos, medicamentos e insumos hospitalarios básicos a las unidades penales”.

“En los términos precedentes, a los que debe sumarse el creciente deterioro de las  instalaciones, la pretensión de continuar incrementando la población carcelaria sin contar con los recursos que garanticen el alojamiento en condiciones dignas, debe ser caracterizado como una política irresponsable, que coloca en serio riesgo la integridad personal de los privados de la libertad y exponiendo, por añadidura, al Estado argentino a la posibilidad de ser condenado por los organismos interamericanos de protección de los derechos humanos, como ya ocurriera hace pocos años”, concluye el comunicado.