Organismos de derechos humanos, jueces y defensores oficiales, entre otros, buscan evitar la sanción del proyecto de ley aprobado en Diputados la semana pasada para limitar las excarcelaciones a los detenidos que hayan utilizado armas de fuego ilegalmente.

El proyecto del Ejecutivo bonaerense que modifica el Código Procesal Penal deberá ser votado por el Senado provincial para convertirse en ley. Pero el grupo que se resiste a su sanción argumenta en una nota enviada al titular del Senado, Gabriel Mariotto, que “una reforma de semejante índole no puede ser sancionada a las apuradas, sin un amplio debate previo, y sin antes ser escuchado el punto de vista de ciudadanos, miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos y organismos de DDHH”.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales (Cels), el Cepoc, además de jueces y funcionarios judiciales bonaerenses, ya tienen preparada una demanda de inscontitucionalidad para presentar en la Suprema Corte de Justicia en caso de que el proyecto de ley sea sancionado por la Legislatura bonaerese, según informó uno de los impulsores de la medida.