Los integrantes de la Comisión de Legislación General realizaron el segundo encuentro con el objeto de avanzar en el análisis de los distintos temas que involucrarán la reforma integral del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco, bajo un núcleo de coincidencias comunes de los que se destaca la necesidad de darle respuestas a la sociedad con juicios rápidos y ágiles.
Esta vez el punto de reunión fue la sede de la asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y convocados por los integrantes de la Comisión Martín Nievas – presidente -, María Lidia Cáceres, Marcelo Castelán, Carlos Martínez y Daniel Trabalón, concurrieron el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia Jorge Canteros, la titular de la Asociación de Magistrados Gloria Zalazar, fiscales, jueces de garantía y profesionales del derecho.
Nievas, al término de la reunión, anticipó que modificaron el cronograma de reuniones “decidimos reunirnos todas las semanas a la misma hora el mismo día. Con un temario definido la semana que viene trataremos un proyecto del Superior Tribunal, en la reunión siguiente otro y así sucesivamente, debatiendo en profundidad cada una de estas iniciativas. La idea de la comisión es receptar todos los proyectos y elaborar una síntesis y someterla a la Cámara de Diputados para lo apruebe como una ley de reforma integral del Código de Procedimiento Penal”.
Al término del encuentro, el titular de la Comisión de Legislación General Martín Nievas valoró la participación de los que asistieron en esta oportunidad y además realizó una síntesis de los puntos abordados en el encuentro como el de juicio por flagrancia y la respecto señaló “existe una gran preocupación en dar mayor celeridad y rapidez y respuestas oportunas a los índices delictuales que existen hoy en la provincia”.
“En el tema del juicio por flagrancia – subrayó – está la posibilidad de que usted a los 30 días tenga sentencia y le de respuesta no solo a la victima del delito, sino al que cometió el delito y también a la propia sociedad, con un juicio rápido que tiene que ver que la flagrancia, que significa que se atrapa a quien está cometiendo el hecho en el mismo momento o inmediatamente después con la persecución policial, o que tiene indicios fehacientes que ha sido o ha cometido o acaba de cometer un delito”.
“Ante esta situación – dijo describiendo esta figura – la policía tiene la obligación de la aprehensión y luego se lo pone en manos del fiscal, quien en 3 días lo lleva ante el juez de garantía en una audiencia en la cual el que cometió el ilícito tiene que elegir por 3 cosas: un proceso a prueba que es la ‘probation’ en el cual dice no nos vamos al juicio y yo acepto que me impongan una pena sustitutiva como por ejemplo prestar algún servicio en algún centro de salud, escuela o lo que fuera”.
El legislador también se refirió a la figura del juicio abreviado mencionando que es otra de las alternativas que puede elegir quien ha cometido un delito “en el cual hay una especie de pacto entre el fiscal y el abogado y en este caso el delincuente, por el cual reconoce su participación en el hecho y paralelamente pacta la pena que le van a aplicar o bien vamos a la tercera opción que es el juicio sumarísimo rápido, por flagrancia en el cual se prevé que en un plazo de 15 días pueda estar dictándose una sentencia porque siempre se trata de procesos donde no hay complejidad probatoria, que estamos analizando también aplicarlo en otro tipo de delitos, no solamente en el de flagrancia”.
“En definitiva – resumió – lo que encuentro como denominador común en todos lo participes de la comisión por la reforma, es la necesidad de darle respuesta a la sociedad con juicios en tiempo oportuno, rápidos, ágiles y para eso valoro fundamental el tema de la oralidad, así que vamos a seguir trabajando semana a semana para poder cumplir para que en un plazo de 60 días, con la reforma integral del procedimiento penal”.
Objetivos de la reforma
La comisión tendrá la facultad de recabar y exigir información a todos los organismos para poder lograr encaminar los fines y propósitos enunciados en su creación, y la comisión de Legislación General deberá elevar en 60 días el proyecto definitivo de reforma para su tratamiento.
