En poco tiempo más, los argentinos estaremos enfrascados en un debate acerca de la necesidad o no de despenalizar la tenencia de drogas para su consumo personal.
La discusión abarca tantos costados delicados para nuestra futura convivencia que conviene alejarse de cualquier posición dogmática y abandonar la idea de que esto se trata simplemente de respetar las libertades individuales.
La droga condiciona la vida en sociedad de muchas más personas que el propio consumidor y es desde esa perspectiva que deberíamos intercambiar opiniones, recurriendo a datos concretos que surgen de la propia realidad y de las estadísticas oficiales, nacionales e internacionales.
La ONU confirmó que nuestro país ostenta el mayor número de consumidores de cocaína de Latinoamérica: el 2,6 por ciento de los argentinos la consume; mientras que el promedio para el resto del Continente es del uno por ciento. Si ese dato es escalofriante, más aún es el que aporta el propio Gobierno bonaerense referido a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en materia de adicciones: los jóvenes. Informa que el 68 por ciento de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24 años se relacionan con las drogas y el alcohol.
Estas cifras surgen en momentos en los que la comercialización de drogas está prohibida y la condena social hacia su consumo es enorme. Conviene pensar qué tipo de mensaje se le estará enviando a esos jóvenes al decirles que consumir drogas no está penado por la Ley, por lo tanto no es algo malo.
Otro mensaje nefasto gira en torno a la inocuidad de la marihuana. Ello es falso. La realidad indica que el 60 por ciento de los adictos a otras drogas se inició a través de aquella. La Argentina tiene un 7,2 por ciento de consumidores de esta sustancia. Despenalizar la tenencia de marihuana y otras drogas para su consumo, aumentará sin dudas estas cifras.
Por otro lado, quienes defienden la despenalización, no logran esclarecer uno de los puntos más débiles de la ley. Se trata de la cantidad de droga que implica la tenencia para consumo personal. Si no se logra esclarecer este interrogante se abre una puerta de libre acceso para el tráfico y la venta minorista de estupefacientes a plena luz del día y en cualquier espacio público.
En conclusión, la discusión en torno a la despenalización de la tenencia de drogas no debe darse sin considerar que las decisiones que se tomen tendrán consecuencias sobre terceros ajenos al consumidor. La droga no solo daña al adicto sino que además destruye familias; aumenta el delito, corrompe a las instituciones y a sus funcionarios. Pese a todo ello, no debemos omitir que el consumidor de drogas es uno de los eslabones más delgados de una cadena plagada de delitos y complicidades oficiales.
Como tal, el consumidor no debe recibir penas de prisión, sino que se le debe asegurar el acceso a tratamientos de rehabilitación y recuperación.
El Estado no puede continuar ausente ni un solo día más en el combate contra el narcotráfico. Para eso se necesita desarrollar una política agresiva en todo el territorio nacional, pero especialmente en las fronteras a través de las que ingresa la droga al país. Un plan de radarización eficiente y un protocolo de derribo de aeronaves reducirá el costo económico y en vidas humanas de llevar esa batalla a las grandes ciudades.
En una Argentina que tiene cada vez más adictos y en la cual el nivel de delitos crece día tras día, no veo conveniente despenalizar la tenencia de drogas, sino enfocar todos los recursos a nuestro alcance para combatir a los narcotraficantes que se enriquecen con las vidas de nuestros chicos.
(*)Diputado nacional del PRO.
DyN
