En el partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, detuvieron este martes al exjuez federal de Resistencia, Luís Ángel Córdoba. El magistrado está acusado de ser una pieza fundamental de la represión ilegal en el Chaco durante los setentas al hacer caso omiso a las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos que sufrían los expresos políticos. La detención fue por orden del Juez, Carlos Skidelsky.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, Córdoba fue apresado por miembros de Gendarmería Nacional en horas de la siesta en inmediaciones a su domicilio. Se espera que el exmagistrado, de 73 años, arribe en las próximas horas a Resistencia para ser indagado por el Juez Federal, Carlos Skidelsky. La celeridad del trámite dependerá del juez Federal subrogante de Tres de Febrero, Mariano Larrea, quien quedó a cargo del detenido.

La detención de Córdoba fue en el marco de la Causa Caballero Residual, donde se investigan torturas, vejaciones, violaciones y desaparición forzada de personas ocurridas durante la última dictadura en el Chaco. Puntualmente se lo apresó en cumplimiento del requerimiento fiscal presentado hace dos años por el exfiscal ad hoc, Roberto Mena, quien pidió que se investigue su participación como parte de una asociación ilícita que cometió crímenes aberrantes en el Chaco al amparo del Estado entre 1975 y 1980. Su epicentro operacional: la Brigada de Investigaciones de la Policía.

“En cuanto a la participación de Luís Ángel Córdoba, (el fallecido exsecretario fiscal) Carlos Eduardo Flores Leyes, (el exfiscal General, hoy detenido) Roberto Domingo Mazzoni y (el fallecido escribiente) Domingo Reska el rol que les cabía dentro de la asociación ilícita era la de asegurar la impunidad de los crímenes cometidos, pese a las sistemáticas puestas en conocimiento por parte de las víctimas de los tormentos sufridos”, señaló Mena en aquel requerimiento.

Testimonios.

Durante la primera parte del juicio por la Causa Caballero (que tuvo su resolución en diciembre de 2010 con la condena de 10 exmilitares y policías)se repitieron los testimonios que apuntaban a la corporación judicial por no investigar los hechos de torturas y vejámenes que sufrían, sumadas a las detenciones arbitrarias que padecieron. El exdetenido político, Luís Alarcón relató ante el Tribunal Oral Federal que estando detenido en la Brigada prestó declaración ante el juez Córdoba y el secretario Mazzoni, “pocos pasos de la sala de tortura” y en presencia de Silva Longhi. “El juez era parte de ese sistema represivo” sentenció.

Mirta Susana Clara, ex presa y viuda de Néstor Carlos Sala –una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén- relató en su testimonio que en el caluroso verano del ‘76 se presenta “el juez Luis Ángel Córdoba en la alcaldía junto con Mazzoni. Repito que fuimos sometidos a tortura, que Néstor aun tiene marcas en las piernas. No hay respuesta en concreto”, dijo.

Ya en Villa Devoto, con la Masacre de Margarita Belén ejecutada, Mirta recibe nuevamente a Córdoba, Flores Leyes, Reska y en este caso Nora Pacce de Elías (su defensora oficial), a la que ve por primera vez: “Quiero saber qué pasó con mi marido y los demás compañeros. El juez me responde que fueron órdenes del PEN para un traslado, que él pidió informes y por respuesta le dieron el certificado de muerte de Néstor”.

Sobre la Masacre, Córdoba se limitó a señalar que fue una “situación atípica del PEN”. Obviamente, Mirta Clara no se quedó callada: “Todo el pueblo de Resistencia sabía que esa matanza fue responsabilidad de los militares, la policía y el Poder Judicial. Silencio, no contesta. Luego me amedrenta con que si quiero iniciar querella a las fuerzas armadas. Pero, yo le pido un recurso de amparo contra los traslados, pero se niegan a dejar acta de la solicitud”.

En la etapa de instrucción, el también exdetenido Aníbal Ponti, había manifestado que en una oportunidad, durante su detención ilegal en plena dictadura, funcionarios judiciales se habían presentado en la Brigada de Investigaciones, a quienes les relató los tormentos sufridos por él y sus compañeros, e incluso les exhibió las marcas. Adujo que, pese a esto, el médico policial certificó que se trataba de hongos, cuando eran visibles las secuelas de la tortura.

“Sentía una situación de impotencia dada la identificación total del Poder judicial con la policía de Chaco, la sensación de que la tortura había sido transformada en un método habitual de interrogación, actuaban como si fuera un método legal. Durante mis siete años de prisión y frente a la cantidad de causas que tenía abiertas, tuve oportunidad de charlar en innumerables oportunidades con Flores Leyes, Mazzoni y Córdoba. Lo que surgía de esas charlas es que en el poder judicial del Chaco existía una compenetración ideológica con el poder policial y militar, una compenetración con el proceso, con la dictadura”, abundó Ponti.

Fuente: http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=62886