La jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, declaró ilegal la detención de dos menores de edad apresados en un operativo realizado por el extinto y tristemente célebre Grupo Especial Motorizado (GEMo) de la policía chaqueña. Los jóvenes fueron detenidos durante 16 horas acusados de cometer contravenciones menores. Para la Jueza, la policía no aportó pruebas ni testimonios para sostener la acusación y sólo se basó en el informe policial. Además solicitó al ministerio de Gobierno que capacite a los policías en procedimientos contravencionales.
Las detenciones ilegales son hechos que se venía repitiendo en la provincia hasta no mucho tiempo. Y el GEMo fue un claro ejemplo de esta cuestión, hasta que finalmente el gobierno decidió desmantelarlo. Ahora, la Jueza Saidman marcó la cancha en este sentido y dejó en claro que las actas policiales no son prueba suficiente para inculpar a una persona de un delito o contravención. Y que además, el policía que incurrió en este hecho tampoco se irá limpio: en su sentencia pidió la intervención del Organismo de Control Institucional (OCI) y de la fiscalía de Derechos Humanos para que analicen el accionar del uniformado que cometió esta irregularidad.
El hecho
Este caso en particular ocurrió el 12 de julio de 2012, pasadas las 20, en la intersección de la avenida Rissione y Güiraldes de Barranqueras. En ese lugar, de acuerdo al informe del suboficial Hugo Olivello -por ese entonces a cargo del GEMo-, los uniformados vieron a dos personas a bordo de una motocicleta, quienes se desplazaban (supuestamente) a alta velocidad, sin cascos.
Siempre según el relato policial, los uniformados trataron de interceptarlos pero los motociclistas se dieron a la fuga. Tras una pequeña persecución se logró detener a los jóvenes, los dos menores de edad. Tenían una ganzúa, informó Olivello. Ambos fueron detenidos por 16 horas por supuesta «perturbación y desorden» y «conducción peligrosa», ambas contravenciones. Al liberarlos, se constató también que la moto era propiedad de uno de ellos.
Al analizar el caso, Saidman remarcó que no hay pruebas que puedan sostener la imputación de alguna contravención contra estas personas y el caso debería quedar nulo. «Conforme criterio que viene sustentando éste juzgado en casos análogos, cabe señalar que sólo se pueden admitir como ocurridos hechos que se hayan acreditado mediante pruebas objetivas», sostuvo.
«En este caso», siguió la jueza, «no existe elemento probatorio suficiente para sustentar una acusación y menos aún para tener por acreditada su culpabilidad en la comisión de una falta». «Dicho de otro modo, el informe policial no resulta -a mi juicio- prueba suficiente para acreditar un hecho o la participación en el mismo de un ciudadano. Para llegar a ello se requiere una prueba independiente», añadió.
«La experiencia nos viene demostrando que examinar la legalidad de las detenciones llevadas a cabo diariamente por las autoridades policiales, motivadas en supuestas infracciones contravencionales, no es un deber que se cumpla efectivamente y que en nuestro país, determinar la razonabilidad del proceder policial en éstas circunstancias y en particular en nuestro derecho, es una tarea casi desdeñada», abundó.
«Y en este caso concreto», uno de los jóvenes apresados, «estuvo detenido 16 horas y tal vez ésta cantidad de tiempo parezca insignificante, pero si acumuláramos la cantidad de horas que miles de ciudadanos argentinos se hallan detenidos por hechos como el presente, el resultado, estoy convencida, preocuparía ó al menos, eso correspondería a quienes tienen la responsabilidad de velar por un verdadero estado de derecho», sostuvo.
Fallo
Así, en su fallo, fechado el 5 de julio pasado, Saidman declaró ilegal la detención de los jóvenes, la nulidad de dicha aprehensión y la absolución de uno de los detenidos, quien estaba imputado de contravenciones menores.
Al mismo tiempo, solicitó la inmediata intervención del Organismo de Control Institucional de la Policía para que se abra un sumario administrativo contra Olivello y del fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca para que actúe este caso de detención ilegal.
También notificó del hecho al ministro de Gobierno provincial, Marcos Verbeek, y pidió que se instrumenten en forma urgente, planes de capacitación del personal policial en procedimiento contravencional y garantías constitucionales.
No es la primera vez que Olivello y el GEMo son cuestionados por su accionar. En 2010, Olivello detuvo de manera ilegal y arbitraria al fotógrafo de El Diario de la Región, Gustavo «Torreja» Torres, cuando éste estaba ayudando a una mujer desmayada en la calle. Además, se lo acusó en reiteradas ocasiones de abuso de autoridad y exceso en sus funciones en operativos rimbombantes que dejaban en la mayoría de los casos detenían a personas por cuestiones nimias.
