El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, respaldó la resolución presentada ante el Juzgado Federal de la capital chaqueña en donde se exige el respeto a los derechos humanos de los reclusos que purgan su pena en la Prisión Regional del Norte Unidad N°7. Cuestionó los problemas edilicios, los malos tratos y los traslados como forma de castigo.
«Lo que nosotros pedimos es que se cumplan las condiciones mínimas de detención que también debe estar en la agenda de las políticas de seguridad porque una persona que ingresa a un establecimiento en condiciones infrahumanas ¿qué podemos esperar que salga de ahí?», se preguntó Sabadini, en declaraciones a RADIO CIUDAD. «Hay que poner atención a esta cuestión que es incorporar en la agenda de los medios y la política lo que tiene que ver con el régimen de ejecución penal», indicó.
«De todos los puntos que reclamamos los que más resaltan son los malos tratos y condiciones edilicias. También se suman otras situaciones vinculadas con el sistema de agua caliente, la cuestión de los traslados como forma de castigo, que ya Casación había emitido una resolución en este sentido», explicó el fiscal.
En la resolución presentada este lunes al Juzgado Federal de Resistencia, entre varias medidas inmediatas, como la clausura de los Pabellones 1 y 2 hasta tanto se hagan reformas estructurales, le piden al magistrado federal que se constituya en el penal federal para que realice una inspección ocular de las condiciones de detención y se entreviste con detenidos alojados en los distintos pabellones. En especial, le solicitaron que se constate las condiciones y régimen de los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 y 14 y el estado de sus celdas y espacios comunes.
El requerimiento judicial lleva las firmas de Abel Darío Córdoba, fiscal de la Procuración General de la Nación subrogante a cargo de la Procuvin; Roberto Cipriano García, coordinador del Área Lugares de Encierro de esa misma dependencia; Patricio Nicolás Sabadini, fiscal federal de Primera Instancia de Resistencia; Carlos Martín Amad, fiscal general subrogante ante la Cámara de Apelaciones; Federico Martín Carniel, fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal; Gonzalo Javier Molina, defensor ante el Juzgado Federal de Primera Instancia y ante la Cámara Federal de Apelaciones; Juan Manuel Costilla, defensor ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, todos de Resistencia; Mirta Liliana Pellegrini, defensora ante el Juzgado Federal de Corrientes; y Mario Federico Bosch, presidente del Comité Provincial contra la Tortura del Chaco.
