A través de un polémico proyecto de ley, el presidente del bloque del PJ, Ricardo Sánchez, propone que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado se sometan a un examen médico para determinar si consumieron alguna droga ilegal. El objetivo, según el legislador, es “enviar un mensaje a la sociedad”. La propuesta no deja en claro que tipo de penalidades o multas se le aplicará a los que se detecten en esta eventual infracción.

El proyecto N° 3054/14 fue presentado este miércoles y lleva la firma de los diputados peronistas Sánchez, Elda Pértile y Carlos Beltrán. En su artículo primero el mismo instituye con carácter obligatorio para los tres Poderes del Estado Provincial, organismos autárquicos, descentralizados, constitucionales y municipios “la obligatoriedad de realizarse exámenes médicos y/o bioquímicos pertinentes para analizar y diagnosticar el consumo de drogas ilegales en todo su espectro”.

En su artículo tercero, detalla además que los funcionarios comprendidos, «deberán indefectiblemente realizarse una vez cada dos años, los exámenes médicos y/o bioquímicos necesarios para determinar la ausencia en su organismo de estupefacientes y demás drogas ilegales».

En tanto, en su articulado sexto, detalla que de sancionarse esta ley “todo ciudadano que pretenda su ingreso y-o promoción en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública deberán practicarse los exámenes médicos y-o bioquímicas necesarios con el objeto de acreditar carecer de adicción a los estupefacientes o drogas ilegales”.

“Un mensaje”

Al presentar el proyecto, Sánchez explicó que “es un tema que lo venimos conversando con algunos legisladores desde algunos meses, en la necesidad de dar un mensaje muy claro desde la clase política en orden a la cuestión vinculada con la droga y el narcotráfico y en virtud de ello la presentación  de este proyecto de ley que tiene que ver con un examen médico y bioquímico obligatorio para todos los estamentos del Estado Provincial”.

Detalló que el proyecto alcanza al «gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de Organismos Centralizados o Descentralizados, Autárquicos, Vocales, integrantes de Directorios o equivalente; a todos los legisladores provinciales; a todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia, todos los jueces de la provincia, incluidos los jueces de paz – que son la primera trinchera judicial que tenemos en cada una de las localidades -; integrantes de Organismos Constitucionales; integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento; Fiscalía de Investigaciones Administrativa y Defensoría del Pueblo; y a través de este examen determinar la adicción o no a las drogas ilegales de cada uno de estos funcionarios» y añadió que «esto también incluye al jefe de la policía, subjefe, secretario de seguridad y al jefe del Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía Provincial, como así también al jefe y subjefe del Servicio Penitenciario Provincial; como así también los intendentes y concejales de la provincia».

Precisó que “a partir de allí con este examen pueden pasar dos cosas: lo que esperemos que pase, que el funcionario no tenga adicción a drogas ilegales,  o puede ser que al funcionario se le determine una adicción”.

Continuó “determinada una adicción, – establecemos una diferencia – entre los que tienen mandatos constitucionales, es decir,  estamos hablando de legislador, gobernador, en ese caso, por cuestiones constitucionales se establece un plazo de 6 meses, durante los cuales, éste funcionario debe acreditar haberse sometido de manera inmediata a un tratamiento de rehabilitación y que ese tratamiento a los 6 meses continúa satisfactoriamente”.

“Por otro lado, en el caso de aquellos funcionarios que no tengan mandato popular, sino que tengan otros mecanismos de designación, que puede ser por decreto, o en el caso del Defensor del Pueblo que lo vota la Legislatura provincial, en esos casos, se lo somete a un sumario administrativo médico reservado, y durante ese sumario queda suspendido en sus funciones, hasta que realmente se determine que está en condiciones de rehabilitarse para el ejercicio de la función pública”.

“Lo que es reservado es el sumario administrativo en el cual el funcionario se le da a conocer el resultado que determina la adicción o consumo de drogas, y a partir de allí, en ese sumario el funcionario tendrá a su vez todos los mecanismos de impugnación que la legislación procesal pone a su disposición. No estamos diciendo que ya la determinación de este resultado de análisis no va a ser sometido a contrapruebas. El funcionario va a tener todo el derecho de defensa que le garantiza la Constitución y eso lo establecemos dentro de la propia ley que no solo va a ser aplicado a los funcionarios que están en funciones sino también a aquellos que pretendan su acceso a los niveles políticos superiores. En consecuencia, hablamos que en lo que va  a ser la elección del 2015  los que pretenden acceder a este tipo de candidaturas van a tener que someterse a este control” adelantó.

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