La Asociación Pensamiento Penal, expresa su profunda preocupación por las circunstancias que rodearon la huelga de hambre iniciada por los privados de libertad del Instituto Penitenciario de Trelew.La carencia de atención médica, el mantenimiento edilicio del Instituto, visitas y educación son los principales motivos por los que los privados de libertad presentaron un habeas corpus colectivo, solicitando ser escuchados por las autoridades pertinentes en estos reclamos de larga data.

Lo cierto es que desde mayo de 2016, las personas alojadas en el Instituto Penitenciario de Trelew, no tienen acceso a servicio médico constante, oferta educativa y escasas horas de visitas para estrechar sus relaciones familiares. Las personas del interior de la Provincia no ven a sus familiares desde su traslado. Actualmente, el Instituto se encuentra funcionando como un “déposito humano”, en el que se incumple diariamente el efectivo acceso a los derechos más básicos de cualquier ser humano.

Al día de la fecha no se ha comenzado con talleres en áreas de trabajo. Las personas allí alojadas no han recibido visitas de su familia, no hay respuesta a los pedidos de traslados por acercamiento familiar y, lo que es peor, se realizan de manera intempestiva en horarios poco comunes. La medicación es suministrada por el oficial a cargo sin ningún tipo de control y revisación por parte de un profesional de la salud.

Cabe aclarar que el cumplimiento de la Constitución Nacional y los preceptos establecidos por la ley 24.660 en relación a la ejecución de la pena, resulta una obligación inherente al Estado.

También se desconocen las directrices fijadas en el ámbito internacional por las “Reglas de Mandela”, toda vez que bregan por una serie de principios que se basan en la dignidad humana, la prohibición de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante de las personas que se encuentren en contexto de encierro.

No es factible pensar en un camino de resocialización y reintegración sin el respeto a la dignidad humana.

En el contexto de la protesta, el ministro de Gobierno Pablo Durán, manifestó que: “tenemos nuestros detenidos que entre el mantenimiento de la estructura edilicia y la compra de alimentos estamos en más de 450 pesos por día. Es un costo importante y es necesario tener efectividad de que cuando cumplen condena se puedan reinsertar. Lo que pasa que el 80% de los que cumplen condena vuelven a delinquir. Y estamos fallando en la reinserción social”.

Resulta oportuno recordar que la resocialización de las personas privadas de la libertad es la obligación más importante del Estado, y que la falta de garantía de los derechos reclamados no sólo inobservan y contrarían lo establecido en materia nacional e internacional en materia de derechos humanos, sino que configuran un trato inhumano y degradante para las personas allí alojadas, lo que genera que resocialización se torne nula.

Las obligaciones del Estado no pueden ni deben ponerse en cabeza de los privados de libertad, dejando el reconocimiento de la dignidad humana al azar, por cuanto la misma Constitución establece que: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

El agravamiento de las condiciones de detención también es responsabilidad del Poder Judicial, que no sólo se hace eco de las políticas criminales más restrictivas, sino que encarcela indiscriminadamente sin pensar en las condiciones del encierro.

Por lo expuesto anteriormente, nos preocupan los dichos del Ministro de Gobierno Pablo Durán y solicitamos que se cumpla con los compromisos asumidos y se generen instancias de cumplimiento de corto plazo, a fin de garantizar el acceso a los derechos básicos de las personas alojadas en el Instituto Penitenciario de Trelew, que contribuyan a un camino de resocialización y pacificación de la cárcel.