La Intendenta de la Ciudad de Rosario decretó que no contratará en su planta municipal, ni celebrará convenios con personas que hayan sido condenadxs o tengan una denuncia penal pendiente de violencia de género.

Desde el Área de Género y el Capítulo Santa Fe de la Asociación Pensamiento Penal disentimos con la decisión adoptada por el municipio. En principio, porque la medida se aplica sin distinción a quienes sólo se encuentran denunciadxs y que, por lo tanto gozan del principio de inocencia, como a quienes han sido declaradxs responsables. Por otro lado, estas políticas punitivas y estandarizadas, que no distinguen ante el caso concreto, aumentan la violencia ejercida por parte del Estado cuando privan a las personas del acceso al trabajo, provocando indefectiblemente su exclusión social. Esto constituye un intento de política ejemplificadora/disuasiva, que utiliza la cuestión de género, descontextualizándola y aumentando, una vez más, la violencia estatal sobre los lxs trabajadorxs del campo popular.

El aislamiento y la exclusión no solucionan ni revisan el entramado social y cultural que sostienen dichas prácticas. Estos mecanismos estatales que se atribuyen la capacidad de proteger reducen la complejidad y minimizan su responsabilidad en la generación de una matriz que produce violencia de género también de otras maneras. Asimismo, hacen uso de la simplificación y nos imponen como única solución abordajes que se valen de instrumentos legales restrictivos.

Los movimientos feministas reclamamos políticas eficaces orientadas a superar la desigualdad estructural. Las reformas que no desafíen los valores dominantes no pueden modificar la realidad. Es necesario darnos debates que dimensionen las variables que intervienen en la constitución de esa(s) violencia(s) y que, a su vez, nos interpelen a construir diferentes herramientas colectivas de trabajo. Estamos dispuestxs a participar de esa discusión.