Los problemas en las cárceles de Los Ángeles bajo la administración del Departamento del Sheriff no han sido atendidos de manera adecuada por lo que el Departamento de Justicia estará solicitando a un tribunal que impongan una supervisión permanente.

Se trata de un recurso llamado “consent decree” con el que un juez federal obligaría a las autoridades del condado a establecer reformas y resolver la situación de enfermos mentales encarcelados.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue sometido a una supervisión similar de 2001 a 2013 tras el escándalo de Rampart.

El diario Los Ángeles Times informó que, a través de una carta, la Junta de Supervisores había sido advertida desde el pasado 4 de junio de la posibilidad de un “consent decree” ya no se habían atendido cuestiones de hacinamiento y prevalecían instalaciones sombrías, infestadas de bichos y antihigiénicas en la que viven los reos.

Esas condiciones, señala la carta enviada por el Departamento de Justicia, agravaron la angustia mental de los reclusos.

En el 2012 se registraron 4 suicidios en las cárceles del condado y en el 2013 la cifra subió a 10.

 

Las autoridades carcelarias hicieron poco para atender la situación y prevenir los suicidios, señala la carta que obtuvo LATimes.

El mismo diario cita declaraciones del supervisor Mark Ridley-Thomas que advierten que ese “consent decree” costará millones de dólares al condado y dejará una marca negra por incumplimiento de deberes y evasión de responsabilidad.

Desde el año 2002 las cárceles del condado han estado siendo supervisadas por funcionarios federales que han enviado reportes al condado sobre los problemas existentes en el tratamiento de internos con enfermedad mental.

Ridley-Thomas dijo que apenas el año pasado se enteró del acuerdo de supervisión al que se había llegado en el 2002 y culpó al Departamento del Sherifff y a los abogados del condado de no atender el problema y de no informar a la Junta de Supervisores.

 

 

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