La seguridad es un problema central, sobre el que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) viene realizando aportes desde el inicio de la actual gestión rectoral –2007– a través de varios proyectos de investigación y extensión de diferentes disciplinas, y de acciones concretas como la firma de convenios de articulación con sectores gubernamentales y no gubernamentales.

Desde estos abordajes, se cuestiona la exclusiva apelación a la ampliación del sistema penal para resolver ese problema (más policía y cárceles, más detenciones policiales, más prisión preventiva, más penas y más duras, etcétera).

No hace falta ser un especialista en la materia para advertir el fracaso de estas medidas que se vienen implementando en la mayoría de los países occidentales y desde los orígenes del Estado moderno.

¿Una herramienta útil?. El exministro de Seguridad Sergio Busso, actual presidente del bloque de legisladores provinciales de Unión por Córdoba, en una nota de opinión publicada el 14 de octubre en este diario, aunque admite que se encuentra en proceso de revisión legislativa, defiende la aplicación del Código de Faltas provincial, por ser “una herramienta útil” para prevenir el delito.

Sin embargo, basándonos en los últimos datos oficiales disponibles, podemos observar que en Córdoba no sólo se incrementaron las detenciones por Código de Faltas (en nuestra ciudad, de los 15 mil arrestos en 2007, se pasó a 37.976 en 2010), sino que además creció de manera sustancial la población carcelaria por delitos (en la provincia, había 3.475 presos en 1998, y, en 2008, 5.375).

Sin embargo, los delitos también aumentaron (en 2006, se registraron 128.514; en 2008, 143.990).

Con esto, pretendemos señalar que no se puede afirmar que a una mayor cantidad de presos y de detenidos “preventivamente” por el Código de Faltas, corresponda una reducción del delito.

Lo que sí se puede notar es un importante incremento del personal policial (en la gestión del gobernador Juan Schiaretti, creció un 44,2 por ciento la cantidad de empleados del área de Seguridad).

Además, se prevé incorporar durante el actual ejercicio a 1.100 nuevos policías, mientras, pongamos por caso, sólo se aumentará en 512 el número de docentes (según publicó este diario en su edición del 12 de abril).

Cabe preguntarle, entonces, al exministro, ¿para qué es útil el Código de Faltas? ¿Para incrementar el personal policial? ¿El aumento de detenciones no derivará en mayor violencia social?

Participación ciudadana. Frente al fracaso de este modelo policial de gestión de la seguridad, sostenemos la necesidad de garantizar un abordaje democrático, con intervención de diferentes agencias estatales y con inclusión de participación ciudadana.

Esta puede hacerse efectiva a través del seguimiento y de aportes de especialistas, de la capacitación y educación en contextos de encierro y de la producción de materiales de acceso público, como lo viene realizando nuestra Universidad.

La participación de todos es fundamental para fortalecer el control político de las fuerzas de seguridad y para construir una sociedad cada vez más democrática y, como contrapartida, menos represiva y menos discriminadora.

Además, es importante reconocer los vínculos existentes entre el pasado terrorismo de Estado y el actual problema de la inseguridad.

La conexión con este lamentable período de nuestra historia no supone un “deliberado interés en mezclar y confundir problemas”, como sostiene Busso, sino que tiene que ver con que las actuales políticas de seguridad descansan en altos grados de autonomía policial y en la existencia de algunos excesos que ponen en evidencia la necesidad de enmarcar sus atribuciones en el marco constitucional y democrático vigente, y de contar con normas y procedimientos de control adecuados a ellos.

En ese marco es que la “Campaña contra la Violencia Institucional” cuenta con el apoyo y colaboración activa de investigadores, docentes, egresados y estudiantes universitarios.

Consideramos que, si bien el conjunto de problemáticas sobre la seguridad no se agota en la violencia institucional, es este un punto de partida necesario para iniciar un debate profundo.

Este espacio no se arroga “de manera soberbia e inconsulta la representación popular”, sino que invita a todos los sectores sociales a problematizar con seriedad el tema.

Justamente para evitar totalitarismos, y no para encaminarnos a ellos, es necesario desarmar en el campo simbólico y político los discursos y las prácticas en torno de la seguridad, basados en la lógica del “enemigo”, donde los derechos humanos aparecen como obstáculos y la seguridad queda limitada a un tema punitivo y represivo.

¿O acaso hay algunas cuestiones, como esta, que no pueden debatirse de manera abierta y democrática y para las cuales sólo se dispone de interpretaciones violentas, descalificaciones injustificables y el monopolio de la opinión?

*Abogada, becaria del Conicet; investiga sobre políticas de seguridad en Córdoba.

fuente http://www.lavoz.com.ar/opinion/contra-tentacion-demagogica