El periodista Adolfo Ruiz fue al Penal San Martín. Buscaba información sobre una denuncia anónima surgida del interior de la tenebrosa cárcel donde habían muerto en 1976 un total de 29 presos políticos por órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. Era un caluroso mediodía de febrero de 2008. Mientras pasaba por el pabellón 2, Ruiz escuchó que un preso le decía a un penitenciario que se sentía afiebrado. El agente no llamó al médico, simplemente fue a buscar un medicamento a su garita. Le trajo dipirona inyectable y le dijo que la diluyera en agua. El supuesto remedio, además, estaba vencido. Otro preso, compañero de celda del anterior, le hizo un gesto al periodista para darle material de denuncia y fingió molestias. El guardiacárcel volvió a oficiar de médico y el preso guardó el medicamento, también vencido. Las investigaciones periodísticas permitieron comprobar que hasta los fármacos para presos con HIV positivo estaban vencidos. Recién comenzaba el gobierno de Juan Schiaretti, que en diciembre había recibido el mando de su socio político José Manuel De la Sota. Ruiz trabajaba entonces en Día a Día, el segundo diario cordobés del Grupo Clarín. El primero es La Voz del Interior.
En agosto de 2013, Ruiz había sido echado de Día a Día. Se desempeñaba, entonces, en Comercio y Justicia. El preso que le había hecho la mueca más de cinco años atrás en el pabellón 2 volvió a tomar contacto con él. Se trataba de Juan Viarnes, el Francés, se hacía llamar abogado. Del otro lado de la línea, Ruiz escuchó: “Adolfo, tengo algo que te va a interesar”. Ese mismo día, el periodista fue a la casa del Francés en el barrio Urca y comenzó a escuchar una versión de la corrupción policial que no ahorraba nombres y circunstancias. “Ellos saben que lo que se viene es una bomba”. “Ellos” son varios policías de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial. “Está todo filmado. Entrega de droga en procedimientos, allanamientos truchos, gente que embagallan para después apretar, cobro a narcotraficantes para dejarlos vender tranquilos. Todo”, agregó Viarnes para que Ruiz constatara lo mismo que cinco años atrás: el Francés muestra pruebas.
“Me mandaban a que yo les hiciera la negociación por la droga. Yo hablaba con los narcos, ellos filmaban y armaban toda la causa. Después de cobrarles, la destrababan y lo arruinaban al tipo”, dijo, y comenzó una larga entrevista que desnudaba la trama de un grupo de narcopolicías.

Por qué habló. El 19 de julio, la casa de Viarnes había sido allanada por agentes policiales. Allí capturaron 350 mil dólares falsos. La causa recayó en el juzgado federal número 1. La primera noticia fue “Cae banda de falsificadores”. Viarnes había sido abandonado por la banda policial para la que trabajaba y que estaba conducida por Rafael Sosa, nada menos que jefe de Drogas Peligrosas. Ruiz empezó a escuchar, grabador en mano, detalles de los allanamientos donde los policías secuestraban drogas y se quedaban con ellas. Viarnes le dice que “lo tenían sometido” y lo usaban, entre otras cosas, para hacer compras con dólares falsos. Entre los varios nombres de policías, el Francés involucra a Juan Alós, también oficial de Drogas Peligrosas.
Ruiz se llevaba un material complicado y decidió que además de publicar la información, se la pasaría al programa ADN, conducido por el periodista Tomás Méndez, de Canal 10, que tiene alta audiencia. Salió todo al aire y, tras cartón, Viarnes recibió aprietes. El padre de Méndez fue amenazado. El policía Juan Alós apareció muerto de un disparo y la Policía le informó al juzgado que “Alós se había suicidado”.

Tortura y maquillaje. En esa primera entrevista que Ruiz le hizo a Viarnes, pocos días antes de que estallara el escándalo, el periodista quiso entender qué podía esconder este delincuente de trayectoria que se autoimplicaba como parte de una banda policial.
“Me torturaron feo. Me vendaron y me llevaron a no sé dónde. Ahí me bajaron los pantalones y me quemaron las piernas con brasas. Tengo las marcas, no es joda”, dijo. Las torturas habían sido constatadas por los forenses de la Justicia Federal antes de que Viarnes saliera de los tribunales y se decidiera a hablar. “No te puedo decir nombres. Fueron ellos”, agregó.
Las derivaciones llegaron, de inmediato, hasta Alejo Paredes y Ramón Frías. El primero había sido elegido por José Manuel De la Sota para ocupar el Ministerio de Seguridad no bien reasumiera la gobernación en diciembre de 2011. Paredes, hasta ese día, era el jefe de Policía. Ni más ni menos que el autogobierno policial asociado a la política provincial. En cuanto a Frías, era el jefe de los uniformados. Desde ya, en esa misma semana, Paredes y Frías saltaron de sus puestos. José Manuel De la Sota convocó de inmediato a Alejandra Monteoliva para ser titular de Seguridad y la puso en funciones. Esta, a su vez, le tomó juramento a un nuevo jefe policial, César Almada. Almada, por su parte, designó a Carlos Galbucera como subjefe.
Las propias palabras de la nueva ministra, al momento de asumir, ponen de relieve lo oscuro de esta trama: “Es imposible tolerar que la Justicia sospeche sobre agentes del orden como delincuentes”. Una frase poco feliz que podría interpretarse como una preocupación sobre la labor de fiscales y jueces en cambio de hacerse cargo de la trama de los narcopolicías.
La investigación sigue en los tribunales federales. La encabeza el fiscal Enrique Senestrari, quien se apoya en la Policía de Seguridad Aeroportuaria para las actuaciones. Hace dos días, efectivos de esa fuerza allanaron nuevamente la Jefatura policial y se llevaron varias computadoras. Hasta el momento, Senestrari tiene 9 imputados, 5 de los cuales están detenidos.

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