La continuidad durante años de cúpulas policiales que controlan la “caja” de la institución, regulan el delito, son jueces y parte por obra y gracia del Código de Faltas imperante en nuestra provincia permitió el armado de un entramado complejo de negocios y vínculos con el crimen organizado, que tiene como primera víctima a los miles de policías honestos que trabajan en la fuerza y en segundo lugar al resto de los cordobeses.
La presencia de funcionarios policiales vinculados a la D2, Menéndez y el 141 ocupando cargos de conducción de la fuerza en los distintos gobiernos democráticos desde 1983 a la fecha son muestras claras de esta continuidad.
El poder político de Córdoba no asumió íntegramente el control de las fuerzas policiales en estos 29 años de democracia.
Especialistas mucho mÁs preparados que quien escribe sostienen que esto es así porque el hombre de gobierno teme las posibles consecuencias de meterse con el aparato policial, y por eso en materia de seguridad el poder político ha quedado subordinado al poder policial, a sus planes, consejos y orientación.
Y agregamos nosotros que también porque la corrupción policial aportó y aporta recursos financieros a la mala política, para sostener campañas y candidaturas.
No alcanza con enviar una ley a la Legislatura, se debe permitir el debate. Las leyes de seguridad aprobadas en Córdoba fueron confeccionadas y explicadas a los Legisladores por la misma autoridad policial que hoy está siendo investigada. Los legisladores sólo accedemos a información oficial sobre índices de criminalidad cuando se los utiliza para generar alarma y justificar la aprobación de leyes “que no pueden esperar”. Los proyectos de Ley enviados por el poder Ejecutivo se aprueban sin aceptar cambios ni modificaciones.
Hay que terminar con el Código de Faltas de la dictadura militar, reglamentación que aleja el accionar policial de elementales principios democráticos de respeto por los derechos humanos y división de poderes, reforzando en muchos casos y en muchos comisarios, sobre todo del interior provincial, la idea que son dueños y señores de vidas y propiedades.
La policía no puede investigarse a sí misma. Hay que dotar de presupuesto a la Justicia provincial para extender el servicio de policía judicial a todo el ámbito provincial y reformar el Código Procesal Penal cordobés para que en aquellos hechos de lesiones, malos tratos o muerte de personas donde pudiera resultar responsable personal policial, las revisaciones, constataciones e informes médicos deben ser realizadas exclusivamente por la Policía Científica.
Hay que incorporar a los reglamentos internos de la fuerza Protocolos, normativa y tratados nacionales e internacionales de actuación y control de la actividad de los funcionarios policiales, para proteger la integridad psicofísica del personal policial que actúa en la calle, transformando a la actual institución en un instrumento de la seguridad ciudadana y democrática que, sin abandonar el uso de la fuerza al momento de reducir o detener a quienes amenazan la vida y la integridad personal de terceras personas, asegure también la vida y el derecho a la seguridad personal de nuestros comprovincianos.
Éstos y otros proyectos han sido presentados por distintos legisladores de la oposición y nunca han sido tratados ni forman parte de los temarios de las comisiones respectivas.
Autorizar su tratamiento e iniciar el debate legislativo sería un buen gesto.

Edgar Santiago Clavijo
Legislador provincial. Vicepresidente Bloque Frente Cìvico

http://www.lmcordoba.com.ar/nota/141636_terminar-con-la-autonomia-policial