Los familiares y amigos de Patricio Barros Cisneros, el joven de 26 años que fue asesinado el 28 de enero pasado en la Unidad Nº 46 de San Martín por cuatro guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense, cortaron ayer el Camino del Buen Ayre, para reclamar que la justicia acelere los plazos procesales y detenga a los autores materiales del crimen, que a casi cuatro meses del asesinato todavía permanecen prófugos. Al cierre de esta edición, el corte de ruta continuaba y los manifestantes se habían organizado para pasar la noche en el lugar.
Los voceros judiciales señalaron que los fugitivos del caso son Rodrigo Chaparro, Héctor Mario, Gerardo Luna y César Benítez. Todos están acusados de provocar la muerte de Patricio, ocurrida durante el horario de visitas en el penal ubicado en José León Suárez, al lado de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La víctima recibió patadas y golpes de los penitenciarios mientras su esposa, Gisela Alejandra González, embarazada de ocho meses, observaba cómo su marido era castigado en el piso. Patricio estaba esposado, ensangrentado y dos guardias lo sostenían para que no pudiera moverse.
Lo que más indignación le causó a los familiares fue que luego del crimen, los jefes del penal informaron a sus superiores que el muchacho había intentado atacar a un guardia con una “faca” y que se había golpeado la cabeza con una reja hasta morir. Para sostener la versión presentaron testimonios de presos que previamente habían sido amenazados. Sin embargo, el caso se destrabó un día más tarde, cuando el secretario de ejecución penal de San Martín, Juan Manuel Casolati recorrió la cárcel junto a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y entrevistó a más de 120 internos, que revelaron que Patricio había muerto por la terrible golpiza y no por “autolesiones”.
Frente a la solidez de las evidencias, Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, ordenó separar de sus cargos al director del penal, Leonardo Dziata, al subdirector, Eduardo Orzusa, y al subdirector de asistencia y tratamiento, Mauricio Pinedo.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado argentino que proteja la vida de los detenidos en las unidades 46, 47 y 48 de San Martín. De este modo, el organismo internacional respondió al pedido realizado en abril por la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS que denunciaron la violencia institucionalizada que padecen los internos de esos penales bonaerenses.
La medida se conoció luego de la serie de homicidios, maltratos y traslados arbitrarios que sufrieron los detenidos de dichas unidades. En este sentido, de acuerdo con la información que brindó el CPM, los asesinatos en las cárceles provinciales aumentaron casi un 20% durante el último año.

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