La sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Vialidad”, cuya consecuencia inmediata es la ejecución de la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el desenlace de un proceso en el que primaron suspicacias de parte de todas las instancias de la administración de justicia federal.

Medidas de prueba propuestas por la defensa que no se produjeron, jueces y fiscales profundamente emparentados con funcionarios del por entonces Poder Ejecutivo Nacional que demandaban la condena de la ex presidenta, y un pronunciamiento dictado por el máximo tribunal del país en tiempo record —con la peculiaridad de que habría sido conocido de antemano por algunos medios de comunicación— son, entre otros, comportamientos que ponen en duda la recta actuación del servicio de justicia.

En contextos de polarización, el modo en que el sistema judicial interviene sobre conflictos que involucran a figuras de relevancia pública, en especial cuando se trata de opositores políticos del gobierno de turno, exige los más altos estándares de imparcialidad.

La Asociación Pensamiento Penal reafirma, una vez más, la necesidad de promover políticas de Estado que garanticen una administración de justicia ágil y eficaz, pero también independiente y transparente. No alcanza con celeridad si el proceso carece de legitimidad; no basta con sentencias si pesan sobre ellas sospechas razonables de direccionamiento político.

Una justicia que actúe bajo presión coyuntural, sin el respaldo de reglas claras y sin la apariencia de imparcialidad, no solo daña la confianza pública: debilita el Estado de Derecho.