Antonio Cayetano Saladino, titular del Juzgado de Garantías N°1 de Olavarría, se encuentra procesado por el caso que se vincula con la muerte del abogado Marcos Rodrigo Alonso. El Fiscal Bruna, de la unidad funcional de Delitos Económicos Nº 10 de Mar del Plata solicitó el pasado 23 de febrero el desafuero del Juez por tener prueba suficiente para que comience su proceso de enjuiciamiento mediante el jurado constitucional de estilo. Por su parte, la defensa del Magistrado negó las acusaciones y aseguró que la víctima integraba una red de distribución y venta de drogas, y que su crimen se debió a que habría “contravenido ‘códigos’ que nunca se deben romper en determinados ambientes”. Se desprendería de la investigación que, el 2 de enero de 2010 el juez Saladino habría recibido en su casa, ubicada en Junín entre Barros y Cabral, la suma de 10.000 pesos en virtud de un acuerdo previo con el objeto de que el magistrado resolviera de manera favorable la petición que posteriormente se efectuaría requiriendo el cambio de calificación del hecho en el cual se investigaba a Walter Omar Gallastegui por homicidio simple en grado de tentativa. Según indicó la Fiscalía General de Mar del Plata, el acuerdo se habría llevado a cabo entre el juez Saladino y el abogado de Gallastegui, Marcos Rodrigo Alonso. El mismo consistía en que el abogado entregara al prófugo, ante la UFI Nº5 de Olavarría, quien el día 14 de noviembre del 2009 había efectuado 11 disparos contra Fabricio Armendano. Aprovechando la feria Judicial y teniendo en cuenta que Saladino estaba a Cargo de los Juzgados de Garantías Nº 1 y Nº 2 durante 15 días, el juez habría acordado cambiar la caratula de homicidio simple a lesiones graves con lo cual le daría a Gallastegui la excarcelación, se puntualizó en la gacetilla de prensa. Pero las cosas no salieron según lo planeado, una vez entregado Gallastegui el día 6 de enero, Saladino no pudo cumplir con su parte, por oposición del juez titular del Juzgado de Garantías Nº2 y el día 13 de enero rechaza el cambio de calificación y el pedido de excarcelación formulados. Días después de enterarse de esta sentencia, el 25 del mismo mes, el abogado Marcos Alonso apareció maniatado y amordazado con ocho heridas de bala en su cuerpo. Luego de este homicidio, que se supone en venganza por la falta de cumplimiento del compromiso de sacar a Gallastegui en libertad y por la denuncia realizada por la esposa del abogado muerto, se comenzaron a investigar diferentes líneas que llevaron a la vinculación del juez Saladino con este hecho y por el cuál está siendo actualmente procesado. “LA SUSPENSIÓN DEL MAGISTRADO EN ESTE CONTEXTO ES UN ESCÁNDALO JURÍDICO INTOLERABLE” Por su parte, el Dr. César Sivo, abogado del juez Saladino, pidió al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires que lleva adelante la causa que pronuncie la “inadmisibilidad” de la acusación, disponga el archivo “inmediato” del caso y no proceda a la suspensión de su defendido. A su entender, desde el primer momento, al tomarse conocimiento del crimen, “el detenido – entregado y al abogado – “corrupto” asesinado” podían significar una ecuación posible” pero “no una ecuación real” . En ese marco, explicó el letrado, “se escindieron las investigaciones” y quedaron dos: por un lado, la muerte del profesional del derecho y por el otro, por el “supuesto cohecho del Juez – incumplidor”. No obstante, aclaró: “Separada de su causa madre, la segunda debía y debe seguir abrevando en la primera; máxime para analizar si los caminos conducían al supuesto enojado preso, ya que eso le daría lógica a esas manifestaciones. Y, para sorpresa de todos eso no sucedió y nadie se percató de tal circunstancia”. “En otras palabras, la ecuación arreglo – incumplimiento ya no arrojaba como resultado muerte porque está claro que a Alonso no lo mataron por no haber pedido obtener la libertad de su asistido Gallastegui y esa circunstancia, incierta en un comienzo hoy debe ser absolutamente descartada. La operación dejó de tener esa exactitud matemática que pretendió dársele”, puntualizó. Para Sivo, la “desgraciada situación” no fue “creada por el muerto, sino por su entorno y no precisamente para venderle humo a sus clientes, sino para enturbiar y desviar una pesquisa”. “Nada de lo que se sostiene en relación a la entrega de dinero al juez Saladino es verdad y no es el mencionado magistrado quien debe demostrar que es inocente”, aseveró. “El tráfico telefónico que fuera interceptado por orden judicial, al que se le suman las sugestivas conductas en las que fue incurriendo el entorno del malogrado abogado van confirmando la hipótesis: Alonso fue ultimado por haber contravenido “códigos” de los que nunca se deben romper en determinados ambientes”, expuso. En ese sentido, el letrado indicó que la víctima, “conjuntamente con personas de grueso prontuario, algunos penados, otros gozando ya de beneficios propios de la etapa de ejecución de la pena, otros con causas en pleno trámite judicial pero todos bajo un doble denominador común: la violencia y la comercialización de estupefacientes, integraba una red de distribución y venta de drogas en Olavarría, Azul y Tandil cuando menos”. “Algunos de sus allegados, como por ejemplo Ricardo Pierce e Isidro Rodríguez, aparecen como partes de ese engranaje y algunos otros como su hermano Diego y su compañera Fabiana Márquez se difuminan en una investigación que no está enderezada a verificar los extremos del funcionamiento de esa red. Aunque de algunas conversaciones telefónicas pudiese desprenderse que éstos últimos sabían a qué se dedicaba Marcos Alonso en aquellos momentos en que no trabajaba de abogado”, añadió. Y evaluó que “producida la muerte como consecuencia de ‘algo’ que no debería haber hecho Marcos Alonso, el grupo debió tomar decisiones sobre la marcha a fin de definir los próximos pasos”. “Como indudablemente conocían el origen o podían inferirlo entendieron que era mejor generar una presentación lo suficientemente ruidosa como para que la atención se centre en una situación completamente alejada de la real y con un protagonista, con el suficiente peso y la suficiente autoridad como para ganarse todas las miradas. Es así que aparece en escena el Juez Antonio Saladino. Esta es la verdad de éste caso. No es cierto que el juez se haya puesto en esa condición porque hubiera hecho un espurio acuerdo con el extinto Alonso; al juez lo trajeron artificial y forzadamente a la causa”, enfatizó. “Tan claro es que quisieron desviar la investigación y que sabían porque lado venía la represalia, que las mismas conversaciones telefónicas referenciadas son las que cotejada con otros elementos de convicción adunados al mismo proceso nos confirman la especie de que el problema se había suscitado por algún disfuncionamiento por parte de Alonso dentro de la red de tráfico de drogas y en vinculación con la ciudad de Tandil”, apuntó. En tanto, luego de mencionar, entre otras cosas, que la cónyuge del occiso denunció el hecho un día y medio después y que los hechos que se le imputan a Saladino “no pueden acreditarse”, Sivo evaluó que “muchas veces -y esta es una de ellas- el Poder judicial se quiere mostrar tan independiente e imparcial que se termina prestando al juego de los corruptos y de los ‘vivos’; embarcándose en fantasiosas denuncias que nada tienen de cierto pero que deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias”. “En síntesis, la suspensión del Dr. Saladino en el contexto y con las irregularidades indicadas deviene en un acto irracional, arbitrario e inconstitucional que niega la vigencia del estado de derecho y resulta funcional a los poderes fácticos que compiten en la monopolización de las instancias de creación de derecho intentando imponer la lógica de la criminalidad organizada y de los espacios carentes de derecho”, indicó. Y sentenció: “La suspensión del Magistrado, en este contexto, es un escándalo jurídico intolerable que forzará la reacción de esta defensa al punto máximo de tensión jurídicamente posible dado su evidente grado de irracionalidad”.

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