Los senadores se preparan para debatir la creación de una fuerza dependiente del Poder Judicial integrada por civiles especializados y peritos que tendrán competencia en casos de delitos complejos, bandas organizadas, homicidios dolosos o delitos cometidos por funcionarios públicos, entre otros.

Frente al reclamo de organismos de derechos humanos que venían pidiendo la puesta en marcha de esta nueva fuerza para desplazar a la policía bonaerense de la investigación de delitos complejos, el gobierno sciolista remitió a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el proyecto de ley de creación de policía judicial elaborado sobre la base del proyecto presentado por la misma entidad a finales del año pasado. El presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, Diego Molea, advirtió que “la creación de la policía judicial es prioridad en materia de seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires. La cantidad y el alto grado de complejidad de algunos delitos la convierten hoy en una herramienta fundamental para lograr mayor eficacia en la investigación”.

El abogado señaló que el nuevo cuerpo no militarizado y especializado tiene que desempeñarse junto a los fiscales en las instrucciones de las causas y depender directamente del Poder Judicial. “Esto no sólo generará un incremento en la cantidad de casos esclarecidos, sino que permitirá que los cerca de siete mil efectivos integrantes de la rama de investigaciones de la policía bonaerense puedan ser destinados a tareas de prevención en las calles”.

Por su parte, el diputado bonaerense y referente del Frente para la Victoria, Guido Lorenzino explicó que “se trata de una instancia superadora a como se desarrollan hoy las investigaciones que lleva adelante la policía con control del fiscal; se plantea implementar para delitos complejos un cuerpo especial que dependerá de la procuración a fin de lograr mayor transparencia, profesionalismo y atender un reclamo que venían elevando los organismos de derechos humanos”.

Antecedentes. A fines de noviembre, el proyecto para su constitución ingresó en la legislatura provincial. El texto indicaba que “la policía judicial deba orientarse a la investigación de casos complejos”, lo que requerirá de una fuerte apuesta a la capacitación y profesionalización de quienes la integren. Serán especialistas y científicos que realizarán las investigaciones bajo las órdenes del fiscal que tenga el caso.

En la actualidad esta tarea está en manos de los fiscales de la provincia que debe recurrir a los integrantes de la Departamental de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza.

“En una primera lectura el proyecto remitido por el Ejecutivo respeta los criterios y propuestas elaborados por la CPM y los jueces, fiscales, docentes universitarios, colegios de abogados, el Cels, Inecip, la Asociación de Trabajadores Judiciales y otras organizaciones. Nuestro proyecto se construyó pensando en que es una reforma democrática pendiente, imprescindible para mejorar la capacidad de investigación judicial, romper los circuitos de impunidad, evitando que la investigación penal quede en manos de la policía bonaerense, la cual ha demostrado una profunda ineficacia en la investigación. Además, en muchos casos, el personal propio era parte de los delitos investigados”, sostuvo el secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera.

Se busca entonces que la policía judicial aparezca en escena para auxiliar a la autoridad judicial y fiscal en la averiguación e investigación de los hechos delictivos de acción pública. “Se trata de constituir una institución específica, cuya función sea la de contribuir al esclarecimiento de los casos, que actúe en todo el territorio provincial y dependa únicamente del Poder Judicial”, explica el presidente del Colegio de Lomas.

Según coinciden los especialistas en la materia, la investigación de un crimen bajo el paradigma actual de actuación implica una tarea burocrática que se traduce en ineficacia y retraso en las causas que se tratan. “Las iniciativas para crear esta nueva institución no responden a una coyuntura, sino que forman parte de una concepción en la que se viene trabajando desde hace unos años para obtener mejores resultados y darle celeridad al servicio de justicia. Incluso, el artículo 166 de la Constitución Provincial establece como deber del Poder Legislativo organizar la policía judicial bajo la órbita del Poder Judicial”, señala Molea.

En este contexto, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, tiene como principales puntos de debate entre oposición y oficialismo el hecho de que no existan excepciones al concurso de antecedentes para los integrantes de la policía judicial, la vía excepcional en muchos casos se transforma en la regla y desnaturaliza todo el procedimiento; por otra parte, se plantea mantener controles especiales en la audiencia pública en la designación de los jefes de la policía judicial, “la necesidad de un procedimiento para la impugnación del jurado de los concursos, y el observatorio legislativo como instrumento de equilibrio político e institucional”, explica Mosquera.

Desde el sector oficialista del recinto de Diputados explican que se acompañará el camino del proyecto en el Senado y se tomará contacto con los presidentes de los distintos bloques políticos para impulsar un debate abierto de la ley que implique una amplia participación ciudadana. “Apuntamos a que se debata y todos los bloques opinen y puedan trabajar sobre este proyecto”; así Lorenzino puso paños fríos ante la reacción de la oposición que ya anticipa el clima de debate que se abrirá en unos días en el recinto.

Desde la CPM mostraron públicamente su apoyo al proyecto que envió el gobierno y advirtieron que “se trata de una gran deuda pendiente, porque es una reforma de las más importantes que se hacen para cambiar la política de seguridad y la investigación de delitos en la provincia”.