La Asociación Xumek, una de la principales organizaciones de Derechos Humanos en nuestra provincia, sacó un duro comunicado en el que no sólo cuestionó la falta de planes de claros de seguridad en Mendoza, sino que acusó al procurador de la Corte, Rodolfo González, de ser e responsable del fracaso del sistema judicial penal.
Al hacer referencia a los problemas diarios que encuentran los ciudadanos, el titular de Xumek, Lucas Lecour, expresó que «un claro ejemplo de ello fue la reforma de la legislación procesal penal que a más de 13 años de su sanción, su vigencia sigue siendo parcial e incompleta, en abierta violación a la constitución provincial, y no ha superado el nivel experimental por la manifiesta inoperancia del Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que carece de una política criminal delineada, tomando decisiones exclusivamente basadas en la presión mediática».
Luego de que el crimen del médico Sebatián Prado haya reavivado la polémica entre sectores considerados «garantistas» y «mano dura», donde se existen sectores políticos y sociales que buscan desacreditar la vigencia de los derechos humanos, desde la organización salieron al cruce para explicar que no sólo se busca confundir, sino que se quiere hacer creer que la inseguridad se puede combatir con medidas «probadamente ineficaces para revertir este flagelo».
De ese modo, se apuntó directamente a los legisladores que han buscado bajar la edad de imputabilidad, incrementar las penas o, como ocurrió recientemente, endurecer los régimenes de encierro en las cárceles.
«Basta con ver las últimas reformas realizadas por la Legislatura Provincial que no lograron reducir mínimamente la inseguridad de los mendocinos», explicaron.
«Por último -finaliza el comunicado-, nos solidarizamos una vez más con todas las víctimas y compartimos con Hernán Prado que el delito no puede ser combatido con mayor violencia.
Este es el comunicado completo:
SEGURIDAD CIUDADANA: UN DERECHO HUMANO ESENCIAL
La protección de la vida y la integridad física de los habitantes es sin duda una obligación indelegable del Estado y por ello, la seguridad personal es un derecho humano fundamental de todos los habitantes, esencial para el disfrute de todos los demás derechos.
Frente a los últimos crímenes que se han dado en Mendoza se abre nuevamente el eterno debate sobre la seguridad ciudadana, la función del poder judicial en su esclarecimiento y las posibilidades de prevención y disuasión por parte de distintas dependencias de los poderes provinciales.
La incertidumbre e impotencia que esta situación provoca en la población generalmente es aprovechada por sectores inescrupulosos del arco político que salen a hacer su negocio electoral insistiendo con discursos y estrategias probadamente ineficaces para revertir este flagelo.
Podemos afirmar que el incremento de las penas, las restricciones a las excarcelaciones, la reducción de edad de imputabilidad, la limitación de garantías de la población o la eliminación de derechos de las personas condenadas o procesadas, como cualquier otra respuesta facilista o espasmódica dadas por nuestros gobernantes, no solo no reduce la tasa de delitos violentos, que son los que generan mayor preocupación social, sino que han generado una desintegración social. Basta con ver las últimas reformas realizadas por la Legislatura Provincial que no lograron reducir mínimamente la inseguridad de los mendocinos.
En la provincia de Mendoza pocas veces se propusieron e iniciaron cambios estructurales importantes con probada eficacia en la reducción del delito. Sin embargo, esos cambios, que son esenciales para mejorar las expectativas de todos los ciudadanos de vivir en una sociedad libre de violencia, quedaron a mitad de camino o fueron abandonados ni bien se diluyó el reclamo social. Un claro ejemplo de ello fue la reforma de la legislación procesal penal que a más de 13 años de su sanción, su vigencia sigue siendo parcial e incompleta, en abierta violación a la constitución provincial, y no ha superado el nivel experimental por la manifiesta inoperancia del Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que carece de una política criminal delineada, tomando decisiones exclusivamente basadas en la presión mediática.
Para poder cumplir con el deber de garantizar y proteger los derechos comprometidos por la inseguridad ciudadana, lo primero que debemos recuperar es el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales, sobre las medidas que se vayan implementar, dejando de lado todo tipo de especulaciones electoralistas, sobre la base de planes estratégicos diseñados a partir de indicadores confiables, que permitan no solo un adecuado diagnostico de los problemas a enfrentar, sino una circulación permanente de la información que permitirá una mayor participación y control por parte de la sociedad.
El Estado debe, con la colaboración interdisciplinaria de especialistas, elaborar e implementar programas de prevención, disuasión y represión legítima de los hechos vinculados con la criminalidad. Asimismo, el Estado debe monitorear permanentemente si las políticas que se aplican son efectivas, de lo contrario deberá probar nuevas estrategias, procurando responder eficazmente a la inseguridad, la delincuencia y la violencia, adecuando, según sea necesario, el marco jurídico, las estructuras, los procedimientos operativos y los mecanismos de gestión.
Se debe disponer de todos los recursos necesarios para implementar estos planes y programas de prevención social, comunitaria y situacional, dirigidas a enfrentar los factores que favorecen la reproducción de conductas delictivas.
Es necesario encarar políticas públicas específicas para abordar cada uno de los problemas que contribuyen a generar una situación social de inseguridad.
En este sentido, el Estado debe elaborar planes de prevención de la violencia en el ámbito familiar, escolar y social, poniendo especial énfasis en la protección de sectores más vulnerables, tales como los niños, niñas y adolescentes, mujeres y ancianos. Asimismo, se debe garantizar a las fuerzas de seguridad una intervención directa en la prevención de todo tipo de conductas delictivas, con el debido respeto de las normas. En este sentido, se debe profesionalizar su ejercicio, implementando planes de capacitación y actualización permanente de las fuerzas policiales y penitenciarias, garantizando condiciones de trabajo adecuadas y salarios dignos que procuren una mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones específicas.
De igual modo, se deben implementar programas destinados a mejorar la eficacia en las investigaciones judiciales de los delitos contra la vida y la integridad física, con la urgente creación de la postergada policía judicial o cuerpo auxiliar de investigación científica que acompañe permanentemente a los fiscales en el esclarecimiento de delitos violentos.
Además, se deben elaborar mecanismos de control y disminución de las armas de fuego en manos de particulares, de lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y la criminalidad organizada.
En este contexto, resulta fundamental la contención inmediata e integral de las víctimas del delito, que impidan una nueva revictimización al momento de denunciar o durante el proceso penal.
Será entonces esencial disminuir la deserción escolar, el desempleo y la reincidencia, íntimamente vinculados, con programas serios y eficaces que conduzca a una verdadera inserción de quienes han cumplido su condena.
Sin duda ninguna de estas propuestas tendrá efectos inmediatos, pero es fundamental que no se siga perdiendo tiempo con medidas cortoplacistas que han demostrado su absoluto fracaso.
Por último, nos solidarizamos una vez más con todas las víctimas y compartimos con Hernán Prado que el delito no puede ser combatido con mayor violencia.
