«Como es público y notorio, los días 8 de diciembre por la noche y el 9 de diciembre por la madrugada, en distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata, un grupo de no menos de diez personas de condición policial que actuaron en connivencia con agitadores civiles, tomaron la decisión de autoacuartelarse para obtener beneficios salariales exigiendo al gobierno bonaerense», afirmó Adler en una resolución que se conoció en las últimas horas.

Según el fiscal federal general de Mar del Plata, el reclamo policial se produjo «a sabiendas que esas acciones implicarían la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas  que aprovecharían esa situación policial de brazos caídos».
Por ello, sostiene el fiscal, «el autoacuartelamiento de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimida en la ley penal argentina».
A la vez, indica que a raíz de esa situación «durante la noche del día 8 de diciembre al 9 de diciembre, la ciudad de Mar del Plata se vio mermada de seguridad, dando lugar al saqueo de varios comercios de la ciudad».
«Esas acciones y omisiones de quienes tenían el deber de actuar», afirma, «no sólo posibilitaron los robos, sino que generaron en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando el orden público».
Agrega que «esas acciones y omisiones policiales ocurrieron no sólo en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, sino en todo el país, poniendo en riesgo la vigencia de las instituciones de la República y la Constitución Nacional».
En base a esa situación, para Adler «las acciones descriptas constituyen delito de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis) y sedición en concurso real (art. 229)» del Código Penal.

A la vez, requiere al Fiscal Federal de primera instancia de ese distrito federal «la inmediata investigación de los crímenes descriptos, conforme las pautas antes enunciadas», al tiempo que solicita que promueva «el cese de las acciones delictivas de acuerdo a las prescripciones legales».

Por útimo, Adler notificó de la acción a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Precisamente, Gils Carbó creó ayer una comisión de fiscales que investigará en forma «exhaustiva» si hubo «atentados contra el orden institucional» y si los saqueos cometidos en los últimos días están vinculados con las protestas policiales ocurridas en varias provincias.
Fin de la revuelta policial

Los policías bonaerenses de Mar del Plata que se mantenían autoacuartelados en demanda de una recomposición salarial, levantaron anoche la medida y volverán a sus funciones habituales, según informó el jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, en compañía delintendente Gustavo Pulti, además del viceministro de Seguridad provincial, Edgardo Amarilla.
Pulti dijo que «el municipio normaliza su servicio y mañana (por hoy) será día laborable», aunque aclaró que no habrá clases en el turno mañana, en tanto que la UTA hizo lo propio con el transporte público.
«Vamos a seguir toda la madrugada monitoreando en el centro del municipio con sus cámaras. Mañana el comercio abrirá sus puertas», pronosticó.
En tanto, Matzkin explicó que «el decreto para lograr el acuerdo con la policía se firmó a la tarde» y destacó que la institución «está en sus funciones en toda la Provincia, el servicio ha sido normalizado».
El jefe policial confirmó que se realizaron 50 detenciones en la ciudad, en el marco de los saqueos.
Por último, Amarilla explicó que la demora en llegar a un acuerdo se debió a la necesidad de saber «de dónde sacamos recursos». Al finalizar la conferencia, Matzkin y los funcionarios fueron apedreados por familiares de efectivos pertenecientes a la comisaría 1a.