Con el objeto de arrojar un poco de luz sobre la compleja problemática de la minoridad, entrevistamos al Dr. Pablo Alejandro Barbirotto, un abogado de 35 años que es especialista en Derecho Penal, que se desempeña como Defensor de Pobres y Menores en Paraná, y que ya es un importante referente provincial en el tema.

-Doctor, Gualeguay se enfrenta a una creciente delincuencia infantil, flagelo íntimamente ligado a la degradación de la familia como institución, a la perdida de disciplina y autoridad en todos los ámbitos, y al concepto de éxito que exige el modelo de vida actual.
Dentro de este contexto, día a día más gurises se apartan del control familiar ante la impotente y angustiante mirada de sus padres.
Hoy hay niños que prometen asesinar a un policía, que participan activamente de delitos ostentando la impunidad que otorga ser menores, y que deambulan sin que nadie sepa, pueda o quiera hacer algo al respecto.
Sin papá y mamá, sin escuela, sin club, sin Policía, sin Fiscalía, sin Defensoría del Menor, sin Copnaf, una horda de niños marcha irreversiblemente hacia la delincuencia y la marginalidad…
Doctor, hoy reina el desconcierto y la impotencia mientras los gurises aceleran el paso.
-¿Cuál es su visión sobre este escenario?
-En Entre Ríos, es uno de cada diez delitos que se comenten involucran a adolescentes. Y lo mismo pasa en todas las provincias.
Estas estadísticas son las que manejan en el Congreso, por eso se frenan los proyectos para bajar la edad de imputabilidad, porque el universo que busca regularse es prácticamente insignificante y, de hecho, casi no hay casos de homicidios en los que estén involucrados menores, salvo aquellos en los que se enfrentan bandas. Sin dudas, a los hechos de violencia los cometen fundamentalmente los mayores de edad. Los delitos de los menores de edad son el arrebato, el robo de motos, el hurto con escalamiento.
Y lo cambian por sustancias o por zapatillas.
También digo: siete de cada diez chicos que delinquen son consumidores de droga.
Lo peligroso es que, para ellos, ingerir alcohol de manera desmedida o fumar marihuana está naturalizado, no lo consideran formas de consumo.
Otro problema que está vinculado a esta situación es la ausencia de la contención familiar, la familia ocupa un papel es fundamental.
La contención del adulto es básica y, hoy por hoy, esa función social se ha desteñido o desdibujado.
Hay otro tipo de familia que está consolidándose y cuando la organización es anómala, los chicos sufren las consecuencias.
La escuela, en los hechos, puede reemplazar la contención familiar.
Ahora, cuando el adolescente abandona la escuela o es expulsado  empieza un derrotero que generalmente termina mal. Es el primer paso hacia el delito.
Por eso defendemos los programas de inclusión porque la escuela, al darle actividades a los alumnos, los termina conteniendo.
El que se va de la escuela queda en el aire, al punto que la droga termina convirtiéndose en una especie de familia ortopédica.
Por fuera de estas consideraciones, el problema de niños y adolescentes que tenemos en Entre Ríos está vinculado a las adicciones.
Los psicofármacos mezclados con alcohol son la sustancia más consumida por los  niños y adolescentes en conflicto con la  ley penal en nuestra pprovincia  y la región.
Los chicos suelen denominarla con ingeniosos nombres como “la renoleta” en alusión  a su principal ingrediente el rivotril, (clonazepan).
También la llaman “corajin” ya que según sus propios dichos les da coraje para salir a robar.
O simplemente la designan como “la jarra” en honor al envase donde mezclan sus principales ingredientes  (alcohol y pastillas).
En base a ello, el primer interrogante que debemos formularnos como sociedad adulta y responsable es de que manera un niño de 10 u 11 años de edad consigue alcohol (  que en teoría solo debería expenderse a personas mayores de edad) y psicofármacos (que se deberían vender únicamente en farmacias  y bajo receta).
La respuesta es sencilla. Siempre  hay detrás un adulto que con la intención de hacer dinero fácil se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de muchos de nuestros gurises.
Es muy común en la iniciación de los  niños y adolescentes con las drogas que estos las consigan  en el propio barrio,  situación  que otrora no ocurría,  pues existían código no escritos que se fueron rompiendo.
Años atrás los “Narcos” – como suelen nombrarlos los chicos a aquel que les provee de sustancias-, no  les vendían  a los pibes del barrio.
Así mismo era impensado que los jóvenes robaran en su propio barrio, sino que lo  protegían de la acción delictiva  de los de “afuera”.
Hoy las adicciones y la necesidad de conseguir dinero para drogarse hizo también  que se perdieran estos códigos.
El mecanismo de la iniciación de los niños y adolescentes es sencillo: Los  “narcos”, comienzan haciéndoles probar en forma gratuita algunas  dosis de la sustancia que sea  (pequeñas invitaciones de la casa) y cuando los chicos “le agarraron el gustito” y quieren más, les indican que ahora deben pagarla y que se aceptaran todo tipo de trueque como medio de pago.
Aquí es donde aquel nene de 11, 12, 13  años,  tiene que conseguir dinero o medios de cambio a cualquier costo para adquirir esa sustancia casi mágica que lo aleja de su realidad, que le quita el hambre, el sueño, el frío, que le hace olvidar la violencia de su casa, los abusos padecidos, ya sea contra él, su hermanitos  o contra su mamá.
Y entones necesita procurase dinero, y la única solución, influenciado por los narcos,  es que salga a robar: “tráeme la guita o lo que te hagas y te doy mas”.
Este  “lo que te hagas”  es el resultado del robo  y la vedette de cambio en estos días es el teléfono celular.
Existe un gran mercado que mueve miles y miles de pesos en torno a la venta de celulares robados en el mercado negro.
En la argentina, según las estadísticas,  se denuncia el robo de de 400 a 500 teléfonos celulares por día. Y Entre Ríos, no es la excepción.
El 90 por ciento de los delitos que se comenten por menores de edad en nuestra provincia consisten en el arrebato de teléfonos celulares, que ni siquiera los adolescentes se encargan de comercializar, sino que es entregado  al “narco”,  quien por cada celular,  dependiendo del modelo puede pagar  – canjear por drogas- desde  80 hasta 200 pesos,  por un teléfono que en el mercado puede costar de 1000 a 1500 pesos.
Posteriormente los “narcos” los venderán en comercios de telefonía celular que hacen muy pocas preguntas sobre su origen para su nueva comercialización y algunos quedaran en manos de delincuentes comunes para cometer otros delitos.
Por supuesto que también dentro del trueque están los electrodomésticos de su casa que con tanto sacrificio su familia logro adquirir, su propia ropa y zapatillas que en la  mayoría de los casos aun se están pagando en numerosas cuotas.
-¿Falta de infraestructura, falta de recursos, falta de leyes, falta de políticas?
-Las infraestructuras están. El COPNAF, la justicia.
Por supuesto que hacen falta más recursos, humanos y financieros.
Lo que se hace necesario es adecuar la legislación nacional y provincial a los mandatos que establece la convención sobre los derechos del niño.
Donde el joven sea sujeto de derecho, transite un proceso penal con todas las garantías que los adultos mas un plus que es atender su  proceso de formación cuando el déficit cultural social etc, lo han puesto en contacto con el sistema penal.
Eso es parte de lo que hay que ayudar a cambiar: que el chico se forme una mejor noción de lo real que es una manera de que se responsabilice de sus actos, de que lo que hace tiene consecuencias y puede derivar en perjuicios para él y para otros.
Por eso, los especialistas insisten en que merece una atención diferenciada el delito entre menores y mayores de 18 años.
-¿Que herramientas tiene la sociedad para atender esta situación antes de que sea tarde?
-La inclusión es la clave.
Para prevenir la delincuencia juvenil se necesita un Estado sumamente presente, con políticas públicas inclusivas como la Asignación Universal por Hijo, que está incluida en la Convención de los Derechos del Niño.
Lo que se agregó acá es la contraprestación de concurrir a la escuela y estar al día con el esquema de vacunación, lo que me parece perfecto.
El lugar del chico es la escuela, no la calle.
Los niños deben sentirse poderosos por las posibilidades a los que la escuela los habilita, no porque un delincuente le dé un arma para cometer delitos bajo el imperativo de proteger el barrio o el grupo.
-¿Hay algún ámbito donde los padres puedan ser asistidos y contenidos?
-Si, por supuesto, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, y las defensorías son los lugares para recurrir ante esta situación en búsqueda de una orientación.
Gualeguay21

 

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