BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES

EXIGIMOS UNA RESPUESTA URGENTE Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS

A tan sólo unos días de la masiva manifestación del 19 de octubre en la que denunciamos las violencias ejercidas contra las mujeres, nos encontramos frente a una nueva situación de violencia institucional contra las detenidas en la Unidad N º 4 de la ciudad de Santa Fe, con el traslado coactivo de 5 mujeres a la Unidad Federal N º 13 de la ciudad de La Pampa.

Estos traslados fueron realizados sin previo aviso y reflejan la persistencia de la decisión política de trasladar a las mujeres detenidas por causas federales a unidades del Servicio Penitenciario Federal ubicadas en otras ciudades del país. Esta decisión fue denunciada en el mes de julio frente al traslado de 5 mujeres a la cárcel de Ezeiza, situación que permanece sin respuestas ni modificaciones hasta la fecha.

De fondo se encuentra una puja política presupuestaria por el cobro de las sumas que la Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la justicia federal. Esta falta de acuerdo entre los poderes políticos acaba teniendo eco en el poder judicial, con sentencias que ordenan el traslado compulsivo de las mujeres, alejándolas de sus afectos, interrumpiendo sus trayectorias laborales y educativas, así como sus proyecciones de vida futura.

En aquel momento cuestionamos el accionar del Estado basándonos en las normas de derechos humanos que regulan la privación de libertad en nuestro país y en la existencia de medidas alternativas menos dañosas para las mujeres y más respetuosas de sus derechos. Esto teniendo en cuenta especialmente que estas mujeres se encuentran detenidas por delitos vinculados a la comercialización de drogas ilegalizadas, delitos de supervivencia y carentes de dañosidad social, mientras que -como sabemos- los grandes ganadores del comercio millonario del narcotráfico forman parte de los sectores políticos y económicos dominantes y gozan de una impunidad asegurada.

Consideramos que los responsables judiciales y políticos no pueden alegar desconocimiento o fundamentación de ningún tipo para justificar una medida que, por su repetición, puede calificarse como sistemática. Exigimos que todas estas medidas sean revisadas teniendo especialmente en cuenta la voluntad y el deseo de las mujeres trasladadas.

Nos solidarizamos con las mujeres detenidas, sus familiares y afectos y agradecemos la difusión del presente comunicado.

Programa Delito y Sociedad-UNL
Programa de Genero-UNL
Programa de Educación Universitaria en Prisiones-UNL