La gravedad institucional que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense ha quedado evidenciada estos últimos días tras la visita a unidades del Complejo carcelario de San Martín por parte del vicegobernador Gabriel Mariotto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el CELS, legisladores y defensores oficiales. Allí se confirmaron las condiciones de sobrepoblación, el hacinamiento y las profundas deficiencias en la atención sanitaria. Asimismo, da cuenta de esto la denuncia que hicieron al funcionario y a la delegación los detenidos alojados en la Unidad 46 (quienes le entregaron las facas que les había provisto el SPB para matar otro detenido), y la muerte violenta de tres detenidos en cárceles de la provincia en menos de tres días.
Todos estos profundos males estructurales, que la CPM ha venido analizando en sus informes anuales muestran que lo acontecido en estos días no conforma hechos extraordinarios sino la regularidad de un verdadero sistema de la crueldad. Un sistema que es antagónico con la democracia, la vigencia de los Derechos Humanos como política de Estado y el piso de convivencia construido por los argentinos.
Este sistema de la crueldad contempla prácticas sistemáticas de torturas, condiciones inhumanas de detención y corrupción estructural. Continúa con la impunidad que permiten núcleos importantes del Poder Judicial en algunos casos por ineficiencia y en otros por complicidad. Y se completa con el autogobierno penitenciario y los pactos con el poder político. Todo con el trasfondo de un chantaje inaceptable (pero que muchos toman para fundamentar su adhesión al status quo) de que si se hace algo distinto se descontrolan los penales.
Las políticas penitenciaras descriptas son la cara de una misma moneda de las políticas de seguridad basadas en la demagogia punitiva, la mano dura, la utilización masiva de la prisión preventiva. Contienen un sustrato doctrinario o ideológico basado en la conformación de un arquetipo peligroso: joven, de barrios carenciados, generalmente desocupado y lleno de necesidades. Ese “otro” tiene menos derechos y su peligrosidad está dada por su condición. El corazón del sistema se basa en el control social sobre los más excluidos y no en la prevención y persecución del delito; mucho menos en ningún tipo de consideración resocializadora.
La violencia sobre los detenidos tras los muros tiene el mismo origen y fundamento que las violencias ejercidas sobre los jóvenes por la policía bonaerense a través del gatillo fácil, o las amenazas si no “trabajan” para ellos como en el caso de Luciano Arruga que llegó a secuestro y desaparición, o las arbitrariedades y brutalidades en los momentos de la detención.
Sostuvimos desde la CPM: “El modelo neoliberal de los ’90 ha dejado profundas huellas políticas, culturales, económicas y sociales en el Estado y la sociedad. Desmontar su andamiaje es tarea de la etapa histórica que estamos transitando. Sin embargo, cuando se analizan las situaciones de justicia, seguridad y las prácticas hacia las personas privadas de su libertad, el núcleo duro de las ideas que dieron sustento a la institucionalidad que se modeló en aquellos años, parece tener todavía un rol hegemónico.” La esencia de la problemática se mantiene porque el sistema de la crueldad es la cara no visible de la promoción de la desigualdad y la concentración de la riqueza que impusieron los sectores dominantes en aquella década; expresan las deudas que todavía tenemos y las vergüenzas que nos quedan.
La crisis estructural y la emergencia de estos días donde creció la violencia intramuros muestran la necesidad de una transformación profunda del sistema y de las políticas públicas que lo sostienen o permiten. Entre esas reformas es necesario encarar una modificación del sistema carcelario y del SPB. La Policía Bonaerense ha tenido dos reformas importantes (y sus contrarreformas), mientras que el Servicio Penitenciario Bonaerense no ha tenido ninguna desde la dictadura hasta el momento.
La acción transformadora debe partir de terminar con el autogobierno penitenciario, desarrollar un fuerte dispositivo para tomar la conducción civil de todo el sistema. Esto exige medidas y leyes de emergencia penitenciaria. Exige saber que no hay reforma en serio con los autores de esta situación y, por lo tanto, necesita cambios en la conducción penitenciaria en todos sus niveles. Sobre todo, exige crear una nueva legislación que transforme un SPB militarizado y autoritario en una fuerza civil moderna, capacitada y profesionalizada.
Hace falta una ley que cree un sistema de control democrático y externo, que retire de la órbita de la Institución penitenciaria o del ministro de Justicia la confección de los sumarios administrativos, para que los ojos de la sociedad y el poder político y judicial lleguen eficazmente tras los muros. Que asigne al Ministerio de Salud de la provincia el cuidado de la salud de los detenidos que mueren de enfermedades curables por la nula o deficiente atención médica. Parte clave del dispositivo democratizador es la creación del “mecanismo de prevención de la tortura” al que la Argentina se obligó al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU. Un monitoreo que expanda y fortalezca las tareas de monitoreo que la CPM, a través de su equipo del Comité contra la Tortura viene realizando hace más de ocho años en lugares de encierro.
La gravedad de la situación va a tratar de ser ocultada –como tantas veces– en algunos casos por los que quieren seguir sosteniendo el poder arbitrario e ilegal en el SPB, y otros por razones políticas o de conveniencia circunstancial. En algunos casos se tratará de que todo quede oculto, bajo el manto de que todo se debe a disputas políticas internas dentro del oficialismo, o de este con la oposición. Fundamentos que sólo sirven para naturalizar la violencia institucional y para que las reformas se posterguen una vez más.
Por el contrario, se necesita un consenso amplio y diverso que actúe sobre el diagnóstico real, para diseñar y acordar las pasos de la transformación que planteamos. La superación que proponemos necesita de la concurrencia de actores políticos, judiciales, institucionales, y de las organizaciones de nuestro pueblo.
El debate no es sólo hacia el Estado y sus representantes, sino hacia el conjunto de la sociedad, para dejar atrás la manipulación de la opinión pública por los promotores de las políticas del miedo, de la demagogia punitiva y la mano dura. Ellos han sido parte de los problemas que sufrimos; la solución viene con más democracia y más justicia

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2012/04/06/editorial-72309-el-sistema-de-la-crueldad.php