A menos de 24 horas de ser aprobada, el gobernador Daniel Scioli promulgó ayer la Ley de Excarcelaciones «armas cero», que fue votada el jueves por la Legislatura para desalentar el uso de armas de fuego y limitar la eximición de prisión a quienes registren antecedentes policiales.
La norma promulgada modifica el artículo 171 del Código Procesal Penal y deniega el beneficio de la excarcelación a los imputados por tenencia y portación ilegítima de armas cuando hubiere indicios de tratar de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.
La ley reemplaza a la aprobada el año pasado que generó una fuerte polémica y fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia por considerarla «inconstitucional». El máximo Tribunal hizo lugar, en su momento, a una presentación del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y de la Comisión Provincial por la Memoria, al afirmar que la ley, «prima facie, resulta contraria a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales».
La Suprema Corte había observado algunas expresiones que tornaban inconstitucionales la ley actual: entre ellas, el «imperativo» para que el juez resuelva la situación del acusado en un único sentido, «violando el principio de inocencia y limitando la crítica del magistrado».
Rápidamente, Scioli envió un nuevo proyecto a la Legislatura intentando subsanar esas expresiones. Mientras que la ley de 2012 establecía que «en ningún caso» se excarcelará al portador del arma, la que se aprobó el jueves determina que los jueces deberán considerar la portación ilegal de armas y el intento de fuga a la hora de decidir la excarcelación y deberán evaluar si esas conductas suponen un riesgo procesal que amerite denegar el beneficio.
El nuevo proyecto tuvo un trámite veloz en ambas Cámaras: el 6 de junio fue aprobada en el Senado y una semana después convertida en ley por Diputados. Fue después de los reclamos públicos del gobernador Scioli a los legisladores para que traten el proyecto para «sacar las armas de las calles».
En la Cámara Baja fue votada por los legisladores del FpV, en medio de la oposición del bloque Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella –que presentaron un proyecto alternativo– y de los diputados Oscar Negrelli (Coalición Cívica) y Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista).
La ley de armas forma parte de un paquete de proyectos de «pacificación» enviado por Scioli a la Legislatura para desalentar el uso de armas de fuego en la provincia. Entre ellos están una iniciativa para regular el comercio de armas, que consiste en la inscripción en un Registro Provincial, la confección de un legajo individual para cada usuario y la elaboración de un acta por cada compra; un proyecto que prevé la apertura de un «Banco de proyectiles testigos»; otro para que las armas secuestradas en procesos penales sean destruidas «después de las pericias y pruebas de reconocimiento» y una última iniciativa para que se secuestren de forma obligatoria las armas en caso de violencia de género, amenazas u otros conflictos violentos. «
