“Participación”, “democratización”, “preparación” y “responsabilidad”, son términos que se encuentran íntimamente ligados a la modalidad de juicio por jurados, un procedimiento hecho ley y adoptado por la provincia de Buenos Aires el año pasado, y que a principios de 2015 haría su debut en los tribunales bahienses.

Al menos para los fiscales Christian Long y Mauricio Del Cero, y para el defensor oficial Germán Kiefl, estas cuestiones resultan preponderantes y necesarias para poder comprender la forma en que se lleva adelante el sistema.

Precisamente, los letrados bahienses participaron hace poco de un taller realizado en la ciudad de La Plata y organizado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, en el cual se instruyeron sobre la modalidad de los debates y respecto de las técnicas de litigación.

“Es positivo porque permite una mayor participación ciudadana y, de alguna forma, la gente comienza a intervenir en los procesos de decisión de un órgano en el que nunca lo había podido hacer”, señaló el doctor Kiefl.

Consideró que el nuevo mecanismo “es más equilibrado” que el ordinario, aunque recordó que será utilizado en causas específicas y en las que se analicen delitos cuya pena máxima exceda los 15 años de prisión o reclusión, contando siempre con la aceptación del imputado.

“Al principio, como todo cambio, va a ser resistido, pero luego la sociedad va a entender que es sumamente democrático y amplía la capacidad de participación”, agregó el defensor.

Por su parte, el fiscal Long entendió que “más allá de hacer un juicio de valor respecto de si es bueno o malo, no hay que dejar de tener en cuenta que es una manda constitucional que hace 160 años está incumplida”.

“Es un cambio mucho más profundo que poner doce ciudadanos dentro de una sala. Va de la mano con garantías fundamentales de nuestra Constitución”, expresó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, de delitos complejos.

“Va a haber un juez del Derecho, que va a ser el magistrado profesional, y jueces de los hechos, quienes se van a preguntar dos cosas muy básicas: ¿El hecho existió? Y ¿la persona que está sentada acá es la responsable?”, señaló.

También opinó que para los abogados será fundamental bajar el nivel de complejidad del lenguaje utilizado en los debates.

El doctor Mauricio Del Cero, en tanto, afirmó que se trata de una forma de juzgamiento que tiene “legitimación popular”.

“Es un cambio muy profundo en el trabajo del fiscal y la defensa, ya que varían las técnicas de litigación. Acá los jurados no leyeron nunca la causa y hay que construir un edificio desde los cimientos”, ejemplificó el fiscal que investiga delitos de índole sexual.

Kiefl sostuvo, en tanto, que los letrados deberán prepararse para afrontar los debates.

“No hay que confundirse. No es que uno toma clases de actuación y va a un juicio, le cae simpático al jurado y con eso lo convence. El que podrá llevar adelante el juicio es aquel que tenga capacidad de expresar todo los conocimientos técnicos y fácticos, y al que la gente pueda comprender”, manifestó.

A su turno, Long dijo estar “convencido que va a mejorar la administración de justicia”.

Compromiso

Los fiscales y el defensor oficial no dudaron en opinar que las personas designadas para intervenir como jurados tomarán esa tarea con interés y responsabilidad.

“La gente va a querer participar. En Neuquén, por ejemplo, ya está implementado y los ciudadanos lo tomaron con un compromiso importante”, mencionó Long en una entrevista con “La Nueva.”.

Kiefl lo consideró como “una experiencia nueva para una sociedad con no muchos antecedentes de participación”.

Añadió que “como todo desafío, la sociedad tiene que interpretar que la única forma de cambiar las cosas es tomando parte”.

Estimó también que el desafío de las partes acusadora y defensora, es saber transmitir la información al jurado de manera correcta y comprensible.

“Si no es así, el sistema no va a fracasar por la gente, sino por nosotros”, enfatizó.

El fiscal Del Cero estimó también que “el ciudadano lo va a tomar como algo participativo y que, además de resultar una carga pública, implica mucha responsabilidad”.

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