Así señaló el abogado Caros Medina, durante una visita a nuestra redacción, quien presentó un dictamen basado en los casos que les toca atender junto a otros colegas. Sin embargo, no quiso dar nombres de fiscales que están involucrados en esto y señaló que el objetivo es advertir públicamente de esta situación.

“Otra cuestión. Se denuncia como estafa cuando que existe por ejemplo contratos de compra venta de inmuebles, cuyos linderos pudieran tener algún problema de ocupación o de superposición parcial de áreas existiendo contrato donde consta las acciones a seguir conforme al derecho civil, está el pacto para desalojar en caso de que fuera necesario o tomar otras acciones reales”, dijo.

Indicó que esto ocurre generalmente en las transferencias de propiedades rurales como en las acciones de desalojos, de reivindicaciones. “¿Qué se pretende con estas denuncias? no litigar donde corresponde que es la jurisdicción civil, sino buscar la conciliación en sede penal, conforme al artículo 25 inc. 10 del Código Procesal Penal. Entonces se usa como un garrote para lograr un beneficio civil, el cobro rápido, evitando el proceso civil que es más lento”, enfatizó.

Añadió que con esto se distorsiona el derecho. “La fiscalía se vuelve, en vez de garante de los derechos de los afectados a la investigación, en un brazo similar a lo que ocurre en sede policial cuando hay apresamientos injustos o demoras para ver quien cae en las alforjas”.

Medina recordó que en la época de Stroessner, la Policía se ocupaba de cobros de dinero por la vía extorsiva, algo que continúa en la práctica de muchos fiscales, que se vuelven en “persecutores de la ciudadanía”.

Por último, indicó que se puede estar ante el delito de persecución de inocentes y de mal desempeño en las funciones.

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