ANDRÉS LÓPEZ REILLY
La Comisión que debía pronunciarse en 30 días terminó tomándose seis meses y medio para hacer su trabajo. La Junta Departamental cerrará hoy el análisis del tema, sin lograr legislar, con un tibio conjunto de recomendaciones a la comuna.
El análisis formal del tema se inició el 19 de abril con la constitución, en la Junta Departamental de Montevideo, de una comisión especial para estudiar la situación de los «limpiavidrios» y «cuidacoches».
El tema fue puesto sobre la mesa por el edil del Partido Nacional Edison Casulo, preocupado por las denuncias de muchos montevideanos: personas obstaculizando el tránsito en los semáforos (en ocasiones con una actitud prepotente o alcoholizadas), daños a vehículos, imposición de un cobro de $ 60 u $ 80 -incluso por adelantado- para el «cuidado» de un coche en un evento masivo, entre otras realidades.
Según un informe jurídico de la Junta Departamental -ya consignado por El País-, la legislación actual «no les confiere funciones de custodia» a los llamados «cuidacoches», una figura que, al igual que la del «limpiavidrios», ni siquiera reconoce la Real Academia Española.
Tras un largo análisis de una realidad que escapa a los controles -esta semana fue procesado un «cuidacoches» de Rivera y Bulevar Artigas que tenía diez antecedentes por hurto-, el informe concluye que es mejor «no innovar».
Y eso ocurrirá esta tarde, cuando el Plenario del legislativo comunal dé por concluido el análisis del tema.
«CONTRAS». Si «cuidacoches» y «limpiavidrios» son formalizados, podrían considerarse «dependientes» de la Intendencia. ¿Quién se responsabilizaría entonces de la rotura de un vehículo, por ejemplo? Las luces de alerta quedaron encendidas en el informe jurídico: «Por más que la administración tome recaudos, requiriendo la inscripción como monotributistas y que se realicen los aportes al BPS conforme a las normas, el decreto propuesto contiene múltiples elementos que pueden ser interpretados tanto por particulares como por cuidacoches que se está frente a una relación de dependencia laboral».
El documento advierte que al ingresar en una relación de dependencia laboral, la Intendencia sería responsable en eventuales reclamos que realicen particulares respecto a sus bienes afectados (vehículos robados o hurtados) que estaban al cuidado de estas personas.
A nivel político, los costos de prohibir estas actividades también eran elevados, más aún ante la falta de salidas laborales para el conjunto de personas involucradas.
LA MAYORÍA. El proyecto de resolución que presentará hoy el Frente Amplio para su aprobación en el Plenario de la Junta tiene una carilla de extensión y cuenta con el respaldo del Partido Colorado.
En él, se señala que «es voluntad del Cuerpo se instrumenten medidas en torno a la actividad que realizan los ciudadanos que limpian vidrios en los cruces con semáforos».
En este sentido plantea la aplicación de «mecanismos para maximizar los controles (…) a efectos de detectar de inmediato a aquellos que cumplan su tarea por medio de la violencia directa o indirecta o que entorpezcan notoriamente el tránsito»
También recomienda lo que hoy está vigente pero pocas veces se aplica: que «la Intendencia (…) deberá solicitar auxilio a la fuerza pública, todas las veces que sea necesario, a efectos de lograr la paz de los automovilistas».
La propuesta de la mayoría reconoce incluso como válida la tarea callejera, al señalar que se deben alcanzar «condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad del limpiavidrios».
«La actividad del limpiavidrio es una actividad precaria que debe tender a su erradicación (…), se deberán hacer todos los esfuerzos a efectos de eliminar esta tarea mediante la reconversión de las personas que la desarrollan como medio de vida», añade el planteo firmado por los ediles Jorge Meroni (FA) y Carlos Larrosa (PC).
A su vez, la propuesta de la mayoría también propone «un intenso control a efectos de que ningún niño o adolescente se encuentre desarrollando tareas de limpiavidrios».
LA MINORÍA. Desde el Partido Nacional, el edil Casulo planteará «prohibir la realización de cualquier tipo de oferta de servicios, en especial la limpieza de vehículos, en todos los cruces de semáforos de la ciudad».
«Es poco razonable que como Junta Departamental asistamos pacíficamente a un conflicto diario entre aquellos que circulan por Montevideo teniendo los instrumentos para actuar. Si mañana no hubiera limpiavidrios en los semáforos de Montevideo nada cambiaría en la ciudad más que la tranquilidad de los ciudadanos. La real dimensión es que hoy tenemos personas que se apropian de un espacio público y que con sus conductas impiden que la población circule pacíficamente; es más, hacen todo lo contrario», señala Casulo.
«Todos conocemos casos de personas que han sido violentadas, chantajeadas, prepoteadas e insultadas cuando no se convierten en víctimas de agresiones o delitos. Todos conocemos personas que cambian su ruta habitual para ir a trabajar o regresar a descansar a sus hogares para no exponerse a una situación de violencia», añade el edil del herrerismo.
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